Dagoberto Padilla Sarmiento
Cuando hablamos de maquinaria de inmediato pensamos en la industria o en el campo, sin embargo, existe otro tipo de maquinarias, la maquinaria de Seguridad Publica, de Procuración e impartición de Justicia, la maquinaria electoral, la maquinaria del poder.
Que la arrogancia de quienes hoy encabezan las Instituciones de Seguridad, Investigación, Procuración e Impartición de Justicia e incluso de aquellas que representan el poder del Estado, no sea, el valor que predomine y determine su actuar, después del lamentable hecho que termino con la vida del Presidente Municipal de Uruapan, que no escuchemos como resultado, lo que se dijo después de aquel hecho que marcara al territorio nacional un 23 de marzo del año 1994, “fue un asesino solitario” refiriéndose a Mario Aburto, quien en la Colonia popular conocida como Lomas Taurinas de la Ciudad de Tijuana, terminara con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Confiar en la Justicia, es, sujetarse al Estado de Derecho, reconocer que la justicia requiere de la eficacia y eficiencia de las Instituciones del Estado, es honestidad valiente, estas premisas deben calar en el sistema penal de nuestro Estado, ya que, la tarea incansable de las Institución de Procurar e Impartir Justicia, se presenta todos los días, con la ardua tarea de prevenir la comisión de conductas típicas, investigar hechos que laceran los derechos de los ciudadanos y procurar que los sujetos que participan en esos hechos relevantes considerados así por la norma como delitos, sean castigados.
Se escucha el grito desesperado de las víctimas y ahora se suma el de la sociedad en general que de forma abierta o reservada a reconocido en un ejercicio de racionalidad que las instituciones han sido rebasadas.
Es temprano para ser pesimista, en este caso, sin embargo, esperemos que las instituciones lejos de lamentar conductas reprochables, accionen con todos los recursos que tienen a su disposición para no sólo dar una respuesta al clamor ciudadano, sino para atender uno de los mandatos Constitucionales “impartir justicia”.
Seguro de que los actuales actores del Estado de Derecho, verán y repasaran la historia reciente de nuestro país, tomando en cuenta, que las líneas de investigación los pueden llevar incluso a teorías conspirativas, mismas que, a la luz de la nueva política “no se toleran”, agotar todos los supuestos, es tarea compleja, pero ahondar en la indagatoria es obligación de la triada investigadora, desvelar la realidad del caso, debe, sin duda, generar sentimientos de miedo, angustia y zozobra, al grado de pensar como se dice coloquialmente “así le dejamos, si le rasco, no vaya a pisar callos”, sin embargo, no se puede perder de vista que la tarea, es esa, que el clamor, es ese, que la obligación de las instituciones, es precisamente buscar la verdad histórica, sostener la verdad jurídica del hecho y plantear el caso ante el Tribunal.
Que la investigación no gire en torno a los supuestos trazados por la inmediatez del hecho y soportados en lo difundido por los curiosos de las redes, se requiere de un trabajo de investigación serio, responsable, honesto, donde se aplique el famoso Estado de Derecho, donde se vea reflejada la efectividad del Sistema de Justicia Penal, donde las Instituciones y sus recursos, confluyan para resolver el hecho criminal, seguro estoy que no se podría dar mejor lucha contra la inseguridad que ésta.
Dar respuestas conformistas a los detractores e inconformes de la actividad del Estado, es afirmar un Estado fallido, es contribuir a la inseguridad, es renunciar a los derechos fundamentales consagrados en el máximo ordenamiento de nuestro País.
El reto, no es simple, indagar en el fondo del pantano nos podría llevar a descubrir, como diría Clas Roxin en el prólogo a la novena edición de su obra “Autoría y dominio del hecho” 2015. que el “dominio de la voluntad esta en virtud de maquinarias organizadas de poder”, se vislumbra que está en otro lado, en otro sujeto y no precisamente en el que acciono el objeto bélico, de allí, la complejidad del tema, pero también, la posibilidad de que se demuestre de una vez por todas que el Sistema de Justicia en nuestro País funciona, que los recursos del Estado están al servicio de la ciudadanía y, que sobre la ley nadie.
Es fácil soñar, como lo hago ahora, difícil enfrentar la realidad como lo hizo ayer Carlos Manzo, cuando el Estado presto oídos sordos a su llamado, cuando sus gritos no hicieron eco, cuando sólo era un soñador más, “iluso” para algunos, “temerario” para otros, lo cierto, una voz que grita en el desierto, no se movió nada, ni nadie y sus gritos fueron apagados esa noche del 1 de noviembre al amparo de la tenue luz de unas velas en el altar de la plaza de Uruapan, Michoacán.
Que este hecho, no lo recordemos a la vuelta de los años, como uno más, que la historia no marque a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, como el que se atrevió a gritar y desnudad la debilidad de las Instituciones, que no sea una víctima más de esa maquinaria silenciosa que llega y arrasa con todo lo que no está en desacuerdo con sus interese, que aquel grito de respeto a la vida y la convocatoria a que se generaran las acciones necesarias para la coordinación entre las Instituciones del Estado no sea sólo un ideal.
Si es necesario transformar, transformemos, si es necesario indagar, indaguemos, si es necesario eficientar, eficientemos, si es necesario cambiar de vía, cambiemos, este País tiene las Instituciones para hacer frente a los retos que se presentan hoy en día, en materia de Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia; el Estado tiene el poder para actuar, en consecuencia, la pregunta es porque no lo hace?, será que falta impregnar de valores éticos, morales y patrióticos a los sujetos que representan a las instituciones, inyectar un poco de sensibilidad o humanismo, será que los intereses son mayores que las convicciones o será que no existe la responsabilidad y capacidad de los actores en el poder, quienes se conducen con cierta frivolidad ante la realidad que les toca atender, espero que no sea esto último lo que los marque y determine.
Este hecho, nos lleva a preguntarnos, ¿cuál fue la intensidad de la energía criminal?, ¿Quién tuvo es el dominio final del hecho y curso del suceso?, ¿cuál es el contenido o sentido social del acontecimiento?, interrogantes que requieren de reflexiones profundas, es claro que el Estado sabe quien tuvo el dominio de la acción, incluso los neófitos advierten cual fue el sentido social impregnado, toca pues, a las Instituciones dar respuesta al planteamiento para determinar quién o quienes tuvieron el dominio funcional del hecho ilícito.
Bajo esa hipótesis, la cuestión obligada, es preguntarse si las atribuciones de las Instituciones serán puestas en marcha sin pifias, ni fobias para descubrir la intervención de los activos en el hecho y sostener con meridiana claridad, (las autoridades responsables), la teoría del caso, sí, un caso, complejo y completo, como resultado de la triada de investigación, ya que, no puede quedar la resolución del asunto en la narrativa de los medios de comunicación o redes sociales.
Es hora de restablecer el Estado de Derecho, es momento de que las Instituciones demuestren que el marco normativo de nuestro País es suficiente para hacer frente a los hechos que laceran a la sociedad, llego la hora de que el Estado abra la bodega, desempolve la maquinaria y la ponga en marcha, maquinaria integrada por las Instituciones de Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia, es tiempo de demostrar que no estamos en presencia de un Estado fallido, es momento de responder como Estado a la sociedad, para ello, debemos recordar la estrategia requiere de coordinación y acciones transversales, esa es la ruta para recuperar lo perdido, que las cortinas de humo no aparezcan ahora como en otro tiempo, no se distraigan, que el eco del clamor ciudadano sea la energía para poner en marcha a la maquinaria del Estado en aras de un restablecimiento de la norma.
Es cuanto.
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
