Marco Aguilar
Hoy, miércoles, los comerciantes cumplieron su palabra: salieron a vender a la Plaza del Volador.
Llegaron desde las cinco de la mañana, cuando el mercado debía abrir. Pero la autoridad, con astucia premeditada, retrasó la apertura hasta las siete. A esa hora ya había unos veinticinco policías municipales apostados en el lugar.
Les pidieron que no salieran al exterior.
Ellas -porque la mayoría son mujeres- respondieron: “Vamos a vender”.
Y salieron.
El ambiente era tenso, pero digno. La presencia de algunos comunicadores evitó que la intimidación escalara. A media mañana apareció un vehículo con antimotines de la Guardia Civil.
La escena era absurda: una plaza vigilada por fuerzas armadas frente a mujeres con canastos, frutas, flores y esperanza.
Más tarde, un acuerdo temporal: podrían permanecer hasta las tres de la tarde. Los comerciantes pidieron que se retiraran los uniformados. Y, cuando lo hicieron, la plaza recobró su pulso. Hubo venta, conversación, vida.
Lo ocurrido hoy es el retrato perfecto de la incongruencia del alcalde: ante la falta de capacidad política, responde con fuerza pública. No hay diálogo, hay cerco; no hay soluciones, hay control.
Mientras se habla de “orden” y “embellecimiento”, el gobierno municipal reprime a su propio pueblo por intentar sobrevivir. ¿Qué clase de autoridad necesita enviar antimotines para impedir que se venda fruta en una plaza?
El alcalde debe recapacitar. Escuchar antes que ordenar. Gobernar antes que imponer.
De no hacerlo, no sólo destruirá la economía de cientos de familias: terminará perdiendo la poca legitimidad que aún le queda.
