En el marco del 1er Congreso Nacional de Autoridades Electorales Administrativas sobre Acciones Afirmativas y Paridad, la Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Selene Lizbeth González Medina, presidenta de la Comisión de Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos, participó en las mesas de trabajo dedicadas a reflexionar sobre los retos que enfrentan los organismos públicos locales en la implementación de acciones afirmativas y en el cumplimiento del principio de paridad.
Durante su intervención, la consejera Selene González subrayó los desafíos que enfrentan los organismos electorales al momento de revisar los registros de candidaturas en plazos tan limitados, particularmente en Michoacán, donde la ley otorga apenas diez días para verificar el cumplimiento de requisitos. Señaló que esta limitación complica la revisión exhaustiva de los registros y abre espacios para que puedan presentarse casos de fraude en materia de identidad de género y paridad.
“La carga para los OPLE es alta, porque deben estar alertas para detectar posibles inconsistencias en los registros. En ocasiones, se presentan personas que se autoadscriben con un género y luego, derivado de requerimientos, hacen cambios, lo que estimo, nos debe obligar a negar registros e incluso, a iniciar indagaciones de oficio sobre posibles simulaciones”, expresó.
Agregó que si bien los organismos no pueden realizar pesquisas ilegales, sí deben atender indicios sobre cómo se expresan y se presentan las candidaturas en sus actos de campaña, lo cual resulta fundamental para proteger el principio de paridad y la integridad de los procesos electorales.
El Congreso reunió a consejeros de todo el país, así como las del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez y Rita Bell López Vences con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los obstáculos y buenas prácticas en la implementación de acciones afirmativas y en el avance de la paridad en los diferentes niveles de gobierno.
Con su participación, el IEM refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y la no discriminación, fortaleciendo la reflexión nacional sobre los mecanismos que garanticen procesos electorales más inclusivos y equitativos.
