J. Salatiel Arroyo Zamora
Tradicionalmente el informe de gobierno ha significado la obligación permanente de los mandatarios de comunicar a la ciudadanía el estado que guarda la administración pública y los bienes que han recibido en custodia.
Se trata pues de la rendición de cuentas ante los que sufragan sus salarios, y otras prerrogativas que se atribuyen a sí mismos (que luego resultan más onerosas, y que obviamente no “informan”).
Pero esa herramienta -de informar al pueblo- que, usada con honestidad y transparencia, debería legitimar la acción de los gobiernos, ha sido retorcida y deformada.
Primero, se utilizaba para rendir culto a la personalidad del gobernante, entregando a los asistentes cifras halagadoras y ocultando la realidad.
En la actualidad, se siguen usando los informes de gobierno para crear una imagen idealizada y casi heroica del “líder”, que debe ser admirado, halagado y elogiado.
Lo demás, el contenido del informe, pasa a último término, a nadie le interesa, saben que son mentiras, o “verdades a medias”, y que la realidad se disfraza. Pero lo que interesa es quedar bien con el proveedor financiero, de negocios y privilegios.
Ya habíamos comentado en otra entrega que en nuestro país no existe ser más perverso, ventajoso e insaciable que los integrantes de la clase política, resultando excepcional aquél gobernante, funcionario y dirigente partidista que se conduce con honestidad, dignidad, honor, transparencia y sinceridad, en lo privado y en el ejercicio de la vida pública.
Pero hay algunos que de plano abusan del cinismo y la desvergüenza: nos mienten, nos roban, nos traicionan y todavía pretenden que se les aplauda. Y siempre habrá indignos, desleales y descastados que lo hacen, a cambio de algunas monedas y favores, o simples promesas.
Toño Ixtláhuac es ejemplo fehaciente de cómo la mentira, el engaño y la burla también es adulada por las víctimas, cuando las falacias, el ardid y el doblez se practican con estilo y una magnifica retórica, premeditada, ensayada y mejor actuada. Aprovecha bien las clases recibidas en la carrera de “ciencias políticas”, pero ha resultado mejor como actor.
Tiene cuatro años prometiendo convertir a Zitácuaro en la capital financiera del Michoacán, en polo de desarrollo y el único progreso económico que se percibe es el de su familia cercana y algunos prestanombres y socios.
En materia de crecimiento económico Ixtláhuac alardea como propio o gestionada por él la inversión privada de una de las industrias más depredadoras del medio ambiente en el continente americano: Arauco, que está edificando una planta en las instalaciones de la ex RexCel, para la elaboración de celulosa, utilizando como materia prima los recursos maderables (forestales), provenientes de la región del “País de la Monarca”.
Además del aprovechamiento de la madera, Arauco realiza de manera continua emisiones contaminantes a la atmosfera, que son visibles de cualquier rumbo de la ciudad.
Lo que no es fácil de corroborar por la población, son los residuos tóxicos que se arrojan a ríos y arroyos. Lo que, en otros países donde la citada empresa se ha instalado, ha provocado daños graves a los ecosistemas, particularmente a la flora, fauna, incluso a la salud de los seres humanos.
Sin embargo, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela alardea la instalación de esa industria en el municipio como su gran logro financiero. Tal vez sí lo sea, pero para él y sus colaboradores, por las licencias legales y “externas” para que dicho consorcio pueda hacer y deshacer lo que se le antoje con los recursos naturales de la región, con consecuencias funestas en el futuro, si no se regula y vigila su operación.
Pero el medio ambiente es lo que menos interesa al gobierno zitacuarense, recuerde que derribó los árboles en el Parque de la Estación, porque le estorbaban para establecer “La Ciudad de las Niñas y los Niños” y ante la presión ciudadana prometió que los árboles serían repuestos, lo que no ha sucedido.
Al contrario, se ha lanzado ahora contra la zona arbolada del Cerrito de la Independencia (el último pulmón de la zona urbana de la ciudad), donde la producción de oxígeno está siendo desplazada por concreto, en lugar de ser rescatada y reforestada, respetando el Decreto de 1997, que lo declaró como Área Natural Protegida y Parque Urbano Ecológico.
En cuanto al ahorro, transparencia y eficiencia administrativa de los dineros del pueblo, estamos peor que nunca.
Al grado de contratar deuda pública, empeñando al municipio con dos créditos fiscales: uno por 38 millones de pesos y el otro asciende a 93 millones, 518 mil 041, con Banorte y Banobras, respectivamente. Generando un monto total de 131 millones, 518 mil 041 pesos. Recurso que -supuestamente- sería empleado para obra pública, pues ha resultado insuficiente la ministración del del Ramo 33 y del FAIS.
Las autoridades municipales en un principio negaron la existencia de la deuda, después las endilgaron a gobiernos pasados. Pero a todos consta cómo desde hace tres años vienen intentando endeudar al municipio, trataron incluso de someter a diputados de la legislatura anterior para que el Congreso autorizara dos empréstitos, ambos ascendían a la cantidad de 90 millones.
En aquel momento la oposición de la diputada priista Gloria Tapia impidió que se concretara.
Hoy, en lugar de oposición, nuestros representantes populares en Cabildo, Congreso Local y Federal, lejos de poner resistencia, trabas y obstáculos al saqueo y engaños, se deshacen en adulaciones, arrastrándose cual víboras, haciendo a un lado la dignidad, el respeto por sí mismos, con tal de quedar bien con el cacique local. Olvidando la responsabilidad y obligación (legal y moral) que tienen con sus representados.
Lo grave, es que la obra pública no se ve por ningún lado, salvo domos en escuelas, parches en las calles y limosnas individuales. Tampoco hay inversión en el sistema de agua “potable” (que no es apta para consumo humano), ni en drenajes y alcantarillado, las inundaciones siguen en la calle Lerdo de Tejada, en pleno centro de la cabecera municipal.
Ni operación de la planta tratadora de aguas residuales.
El municipio es un desastre y los ciudadanos solo reciben discursos triunfalistas, cifras falsas y cuentas alegres, con elocuencia inaudita, atractiva y convincente, pero la verdad se refleja en las calles llenas de baches e inundadas por vendedores informales, cuyo número crece considerablemente ante la ausencia de oportunidades de trabajo.
No fueron suficientes los tres mil empleos generados por Arauco, o ¿Se trató de una mentira más y en lugar de tres mil fueron 300? ¿Acostumbrados a inflar cifras?
El descontrol del gobierno y desorganización administrativa se hace notaria en los mercados semi vacíos y las calles llenas de comerciantes ambulantes y semifijos, sujetos a la informalidad por voraces inspectores de mercados que pasan por la “cuota” diaria, de la que se desconoce su destino, pero es abundante.
Nada más sume: alrededor de 2 mil 400 comerciantes en la vía pública, pagando mínimo 5 pesos (algunos aportan hasta 50 pesos por vehículo), estarían contribuyendo conservadoramente con más de 360 mil pesos mensuales.
En materia de seguridad pública no se requiere ahondar tanto, la mayoría padecemos los estragos de su ausencia. Algunos con mayor dolor, como los padres, hijos y hermanos de los inocentes asesinados.
Aunque la ley debe respetarse y no hacer justicia por propia mano, ni por revancha o escarmiento arrebatar la vida, cuando el asesinato se ejecuta en contra de criminales, por otros delincuentes, el padecimiento de los deudos es menor, pues sabían a qué se dedicaba el occiso. Por eso en ocasiones ni los cuerpos son reclamados y guardan silencio, no exigen se investigue.
En tanto la sociedad exclama: “¡Una lacra menos!”. Otros al principio se escandalizan por tratarse de un ser humano, pero más tarde se alegran al considerar la realización de un proceso de limpia, y que mejor que se exterminen entre ellos.
Aunque parece que se reproducen, pero hay quienes se atreven a reflexionar y cambiar, no se involucran en actividades delictivas, ponen distancia con ese tipo de personas y tratan de recuperar la paz, obligando a las organizaciones criminales a forzar el reclutamiento de jóvenes.
Pero el tema es la seguridad en Zitácuaro, donde personas que salieron a trabajar de manera honesta para llevar el sustento a sus familias no regresaron más, niños que tuvieron la desgracia de estar en el lugar y momento “equivocado”, mientras grupos de civiles armados demostraban su poderío por toda la ciudad y las fuerzas del orden se refugiaban en sus cuarteles.
Que ha regresado la tranquilidad, es cierto. Pero es una paz también simulada, tensa, que no depende de la eficacia policial, mucho menos de la honestidad de los gobernantes. Sino a factores externos a ellos.
Y sin seguridad y paz verdadera, jamás existirá desarrollo.
Hasta la próxima…
(Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad estricta del autor).
