· Este dato refleja una problemática compleja vinculada a factores como la pobreza extrema, la falta de acceso a vivienda digna, el desempleo, las adicciones y el abandono familiar
María Escalante García
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, en 2020, se registraron aproximadamente 5,700 personas en situación de calle en México. La mayoría de esta población se concentró en Ciudad de México, Baja California y Jalisco, entidades que presentan altos niveles de urbanización y marginación social.
Este dato refleja una problemática compleja vinculada a factores como la pobreza extrema, la falta de acceso a vivienda digna, el desempleo, las adicciones y el abandono familiar. Además, la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 agravó la vulnerabilidad de muchas personas, empujándolas a vivir en las calles.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de diversas organizaciones civiles para brindar albergue y apoyo a esta población, los desafíos persisten. Las políticas públicas enfocadas en la atención a personas en situación de calle requieren estrategias integrales que incluyan acceso a empleo, salud mental, rehabilitación y vivienda para lograr una reinserción efectiva en la sociedad.
Cifras no cuadran
A pesar de que el INEGI estimó en 2020 la existencia de 5 mil 700 personas en situación de calle, su metodología presenta limitaciones importantes. El registro sólo abarcó 346 municipios, de los 2 mil 478 que existen en el país, lo que representa apenas un 14% del total. Esta cobertura parcial deja fuera a una gran cantidad de localidades, especialmente aquellas con menor infraestructura de monitoreo o con poblaciones marginadas fuera de los grandes centros urbanos.
Además, el censo fue realizado casa por casa, lo que implica un sesgo metodológico significativo, ya que las personas en situación de calle no cuentan con una residencia fija y, por lo tanto, podrían no haber sido incluidas en el conteo. Esto sugiere que la cifra oficial podría estar muy por debajo de la realidad, al no reflejar con precisión la magnitud del problema en espacios públicos como parques, estaciones de transporte o edificios abandonados.
Ante esta situación, es fundamental desarrollar métodos de recopilación de datos más precisos, que consideren recorridos en las calles y la colaboración con organizaciones que trabajan directamente con esta población.
Mientras que el INEGI calculó en 2020 que había 5 mil 700 personas en situación de calle en México, otras estimaciones presentan cifras mucho mayores. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que en el país existen más de 14 millones de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, lo que refleja una brecha significativa entre los distintos conteos.
Esta diferencia se debe a las metodologías utilizadas para la medición. Mientras que el INEGI realizó un censo casa por casa en un número limitado de municipios, la CEPAL toma en cuenta factores estructurales de pobreza, desempleo, marginación y precariedad habitacional, considerando a aquellas personas que viven en condiciones de hacinamiento extremo, en refugios temporales o que no cuentan con una residencia estable.
El contraste entre ambas cifras evidencia la complejidad del problema y la necesidad de aplicar métodos de medición más amplios y precisos. Contar con datos confiables es esencial para el diseño de políticas públicas efectivas, que no solo brinden atención a quienes ya viven en la calle, sino que también prevengan que millones de personas más caigan en esta situación de vulnerabilidad.
Por edades
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población CONAPO, en 2024 se registraron 1 millón de adultos mayores en la indigencia, lo que equivale al 12.3% de la población total. En cuanto a niños y adolescentes, mientras el INEGI dice que hay mil 200 en la CDMX, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la ONU (UNICEF) señala que son más de 14 mil.
México es uno de los países con mayor desigualdad económica en América Latina. Millones de personas viven con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que aumenta el riesgo de indigencia.
