Con el objetivo de determina las competencias, elimina duplicaciones de actividades, omisiones y responsabilidades en forma clara y precisa a las oficinas que integran la estructura del Despacho del Gobernador, la 76 Legislatura reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Mediante dictamen elaborado y presentado por la Comisión de Gobernación, el Pleno del Poder Legislativo reformó el artículo 16, 17 y 36 de la ley en mención, por el cual, se elimina la Secretaria Particular, la Coordinación General de Comunicación Social, la Coordinación del Gabinete y la Coordinación de Operación estratégica y Gestión Gubernamental.
Asimismo, en sesión extraordinaria realizada de manera hibrida, se derogaron las atribuciones de la Coordinación General de Comunicación Social, toda vez que se crea la Coordinación de Comunicación con sus atribuciones.
Entre las atribuciones que se le otorgaron está: establecer, dirigir y coordinar las políticas en materia de comunicación del Poder Ejecutivo; proporcionar el apoyo técnico que le sea requerido por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; establecer los lineamientos de comunicación a los que se apegaran todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; suscribir y administrar los convenios y contratos que se celebren, en materia de comunicación de las dependencias y entidades de Administración Pública Estatal.
Así como, ejecutar las políticas y estrategias metodológicas que permitan hacer uso eficiente de los medios de comunicación en el Estado, con el objeto de difundir oportuna y ampliamente todas las acciones realizadas a favor del desarrollo integral de la entidad; participar y apoyar las campañas de difusión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; elaborar el Programa Anual de Comunicación del Ejecutivo, entre otras.
Tal reorganización, afirmaron las y los legisladores, es con el fin de hacer más eficiente la administración pública y hacer que ésta sea un medio eficaz para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social del gobierno.
