SINOPSIS POLÍTICA
J. Salatiel Arroyo Zamora
La descomposición en las instituciones públicas y el demérito de quienes las representan, resulta cada vez más evidente y repugnante.
Al grado de existir sectores de la sociedad que atribuyen actos plausibles a cabecillas de grupos delincuenciales, antes que a las propias autoridades gubernamentales.
Es decir, a los criminales que actúan abiertamente al margen de la ley en determinados casos se les concibe con mayor eficacia en la solución de sus demandas en procuración y administración de “justicia”, que a la propia clase política.
Resultando trágico para el Estado de Derecho que delincuentes civiles sean considerados héroes, en ciertos temas; mientras los integrantes del gobierno vistos como la peor desgracia humana y escoria social.
Raúl Ocelot Vilchis, activista defensor de Derechos Humanos, afirmó que la corrupción prevalece en todos los niveles de gobierno. Al acudir a la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR a presentar querella contra actos de corrupción, negligencia y malos tratos, en perjuicio de personas que se atreven a denunciar ilícitos de civiles y autoridades en la región oriente de Michoacán, particularmente en el municipio de Tuxpan.
Acusando el activista -ante medios de comunicación de la capital del país- a elementos de seguridad pública de Tuxpan de haber robado una camioneta a un ciudadano del municipio, de oficio albañil, quien enfrentaba conflictos de tipo personal con vecinos.
Por lo que, al presentarse a denunciar dichos hechos en la Sindicatura municipal (primero) y posteriormente en la Fiscalía Regional, la víctima recibió maltratos, amenazas.
Después de no ser atendido, ni escuchado por las autoridades, fue privado de la libertad para ser torturado a golpes, hasta destrozarle los riñones y otros órganos, que le causaron la muerte.
Al respecto, se han difundido públicamente videos y otras evidencias que describen de manera grotesca la clase de autoridades que ejercen “el poder” público, tanto en el municipio de Tuxpan, como en la “representación social” o Ministerio Público de la localidad.
Conduciéndose ciertos servidores públicos con lenguaje y actitud similar al utilizado por criminales comunes, con la arrogancia y prepotencia de quien se sabe protegido por niveles superiores del gobierno, o por los propios poderes fácticos.
Ocelot Vilchis informó que, de manera oportuna, con el propósito de evitar una desgracia, se advirtió a la agente del Ministerio Público (García Bucio) que el hoy occiso tenía “amenazas fuertes” de muerte, que provenían de dos posibles líneas: del mismo ayuntamiento de Tuxpan, a través de servidores públicos que fueron evidenciados.
La otra línea apunta hacia algunos vecinos de la víctima. Sin embargo, tanto el activista defensor de los Derechos Humanos, como el ahora occiso y los familiares de este, fueron ignorados.
Los funcionarios de la Fiscalía omitieron establecer las medidas de protección correspondientes lo que provocaría como consecuencia el asesinato del denunciante. Quien fue sustraído de su domicilio por sujetos armados, torturado, “le dieron una tabliza, le destrozaron las sentaderas y los riñones, a golpes”. Falleciendo a las pocas horas, en un hospital de Ciudad Hidalgo, Alejandro Ruíz Mancera, víctima de los tablazos a que fue sometido.
Fue mártir de las instituciones, en las que creyó y acudió en busca de protección y auxilio, pero se le ignoró, dejando a una familia en la orfandad, por omisión y negligencia de las autoridades.
Raúl Ocelot reconoció que el Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, instruyó a una agencia especializada en homicidios dolos, a efecto de que se atraiga el caso y se atienda directamente en la capital del estado.
No obstante, él pugna sea atendido por la Fiscalía General de la República, ante la creciente desconfianza en la autoridades locales. Pues afirma tener constancia de que los Ministerios Públicos son corruptos y extorsionan a la gente.
Además, se ha hecho costumbre que el gobierno promete que investigará, para que la gente se tranquilice; pero cuando eso sucede, todo sigue igual: sin detenidos y sin justicia, pues entre servidores públicos se protegen.
Así mismo, descartó que ese caso sea un tema de cárteles. Aclarando que muchas veces los gobiernos en Michoacán asesinan al estilo de los grupos “aparentemente delictivos”, para que la sociedad atribuya esos crímenes a los grupos delictivos.
Cuando seguramente hay policías haciendo eso y lo disfrazan, para que se culpe a los grupos de civiles armados y se criminalice a las víctimas, imputándoles que “andaban en malos pasos”. “Por eso ya no confiamos en las instituciones”.
EN CONTEPEC GOLPEAN y ENCARCELAN A EX PRESIDENTE y A SU HIJO
Otro suceso que hunde en el menoscabo a los gobernantes y funcionarios públicos, se suscitó el día miércoles, con la difusión de un video, donde se describe como supuestos policías municipales de Contepec, así como personas vestidas de civiles portando armas de fuego, jaloneaban a un ciudadano en el centro de la cabecera municipal, quien presentaba huellas de violencia en el rostro, además de ser empujado y amagado con cañones de armas de fuego.
Más tarde se informó que se trataba del hijo de Rubén Rodríguez Jiménez, ex presidente municipal de filiación priista de dicho municipio y que, igual que el ex alcalde, fue detenido por la policía municipal e incomunicado, ignorándose el móvil o causa de la detención, que se presume arbitraria, por el excesivo uso de la fuerza pública y las lesiones ocasionadas a la víctima, así como desconocerse si existe orden de aprehensión o se les capturó en la comisión flagrante de algún hecho delictivo.
También se difundiría que tal acción era una medida represiva contra los adversarios partidistas del gobierno morenista del municipio. Condenándose el uso de las fuerzas públicas para reprimir a los adversarios políticos, así como un instrumento violentador de los derechos humanos.
GOBIERNO DE ZITÁCUARO PRETENDE APROPIARSE DE BIENES AJENOS
Fiel al estilo de la 4T, de practicar una supuesta filosofía de tendencia socialista y con el pretexto de otorgar terrenos para vivienda a las personas “pobres” (del pueblo “bueno y sabio”), que además representan para la clase política la más barata, manejable y generosa mercancía electoral, la presidencia municipal de Zitácuaro difundió, en el transcurso de la semana, una convocatoria del “programa de otorgamiento de terrenos para vivienda”, con el cual se pretende despojar de su patrimonio a legítimos propietarios, que hayan incurrido en algún error técnico jurídico.
La “Convocatoria”, sin fecha de emisión y suscrita únicamente por el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, establece que, en el municipio de Zitácuaro diversas familias de escasos recursos carecen de acceso a terrenos para vivienda digna, situación que impacta su calidad de vida y vulnera su estabilidad social.
Por eso, mediante la localización de bienes “mostrencos” se busca apoyar a esas familias, brindándoles terrenos en comodato vitalicio. Iniciando el registro de aspirantes “el 8 de enero y concluirá el 24 de febrero del 2024” … asumo se trata de un error e intentaron referirse al 2025.
La notificación a los beneficiarios, se llevará a cabo del 01 al 05 de abril del 2025.
Ahora bien, cumplir el derecho Constitucional de vivienda digna y decorosa a la población, es una obligación compartida de los tres niveles de gobierno. No se trata de ningún favor a la colectividad. No es algo que deba agradecerse, mucho menos comprometer electoralmente al ciudadano que reciba dicho beneficio.
Sin embargo, la tarea que pretende realizar el Ayuntamiento, de “expropiar”, despojar o “regularizar” bienes mostrencos, no será sencilla. Además de generar conflictos e inconformidad.
Aunque siempre será mayormente numerosa la cantidad de personas desinformadas, que albergan esperanzas de acceder a patrimonio fácil, sin esfuerzo y gratuito, siendo por ello víctimas de manipulación y control político.
En Zitácuaro difícilmente encontrarán predios mostrencos, ignorados o abandonados. Si los hubiese, serían propiedad del municipio, parte del padrón de bienes inmuebles que, por negligencia, el ayuntamiento en turno ha sido omiso en su respectiva localización, ubicación e inscripción.
Los inmuebles particulares, todos tienen dueño, y los ubicados en la zona urbana tienen asignada cuenta predial. Aun cuando los legítimos propietarios hayan fallecido o se encuentren ausentes. Ninguna autoridad está facultada para disponer de un bien inmueble que se encuentre en aparente abandono, pues el propietario debe ser oído y vencido en un juicio. Luego entonces, para que el Ayuntamiento otorgue en comodato un inmueble, debe ser propietario primero de dicho bien.
Ese plan del gobierno se percibe más como una estrategia populista para engañar a los necesitados de vivienda y chantajear a los propietarios de inmuebles, para presionarlos a ponerse al corriente con el pago del impuesto predial o dar mantenimiento a los terrenos y casas desatendidas. Esto último estaría bien, pero con otra mecánica menos agresiva y sin trampas.
Además, debería el Ayuntamiento primero poner en orden el patrimonio propio del municipio, actualizar el padrón de inmuebles propiedad del municipio, saber cuántos son y donde están e informarlo… y de ahí escoger los que reúnan las condiciones para solicitar al Cabildo y al Congreso del Estado su desincorporación para regalarlos o darlos en comodato a quienes lo necesiten, a ver si les alcanzan.
