Perversa la reforma al Poder Judicial de Michoacán
José Cruz Delgado
La recién aprobada reforma al Poder Judicial en Michoacán ha generado gran controversia, especialmente por las acusaciones de que la iniciativa responde más a los intereses personales del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla que a una verdadera mejora del sistema judicial.
De acuerdo con Michoacán Informativo, críticos de la medida señalan que esta reforma se está impulsando sin un análisis profundo de las necesidades del estado, y en su lugar, parece diseñada a contentillo del mandatario estatal.
Ramírez Bedolla, en múltiples ocasiones defendió su propuesta argumentando que busca modernizar y agilizar el sistema judicial. Sin embargo, opositores, tanto dentro como fuera del ámbito político, consideran que los cambios concentran un poder excesivo en el Ejecutivo, debilitando la autonomía del Poder Judicial.
Esta maniobra podría abrir la puerta a una mayor influencia política en decisiones judiciales que deberían estar libres de toda injerencia gubernamental.
A lo largo de su administración, Ramírez Bedolla ha sido objeto de diversas críticas por su manejo centralizado del poder y su tendencia a implementar políticas que favorecen su control sobre los diversos órganos de gobierno, sobre todo el Poder Legislativo.
La reforma al Poder Judicial parece seguir esta misma línea, y se teme que los cambios tengan consecuencias negativas para la democracia en Michoacán, ya que reducirá la independencia de los jueces y el equilibrio entre los poderes.
Además, figuras de la oposición han expresado su preocupación por la celeridad con la que se aprobó esta reforma, dejando de lado consultas públicas amplias o la participación de expertos en la materia.
Este enfoque apresurado y poco transparente ha levantado suspicacias sobre las verdaderas intenciones detrás de la reforma, ya que muchos consideran que Ramírez Bedolla intenta consolidar su influencia antes de que termine su mandato.
En resumen, la reforma al Poder Judicial promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido percibida por sus críticos como un intento de manipular el sistema a su favor. La falta de transparencia y la percepción de un trasfondo político en esta medida han generado un debate que, lejos de centrarse en la mejora del sistema de justicia, pone en cuestión la naturaleza del liderazgo y la visión de poder del actual mandatario de Michoacán.
SEPULCRAL SILENCIO DE JUECES Y MAGISTRADOS ANTE REFORMA JUDICIAL
Tene razón el alcalde de Morelia Poncho Martínez, los jueces y magistrados del Poder Judicial han guardado un sepulcral silencio tras la aprobación de la reforma.
Júrelo, con la reforma se acabó la división de poderes, ya no habrá independencia, pues hasta el Legislativo está al servicio del gobernador, así que, prácticamente en Michoacán solo hay un poder, y mal ejercido, por cierto, el de Alfredo Ramírez Bedolla.
Sólo para que vea hasta donde el sometimiento del Legislativo, aprobaron la reforma de Ramírez Bedolla sin quitarle una coma.
La diputada panista Vanhe Caratachea calificó lo sucedido en el Congreso del Estado como un retroceso histórico y un atentado contra nuestra democracia, pues esta reforma busca moldear el Poder Judicial a conveniencia, comprometiendo su independencia.
Además, mencionó que las condiciones para un proceso electoral y la inseguridad que vive el estado ponen en riesgo la integridad de las campañas para elegir jueces y magistrados. “Esta falta de claridad y garantías no solo socava la confianza en el proceso judicial, sino que también pone en riesgo la integridad del mismo”, sentenció Vanhe Caratachea.
De verdad es una burla para la justicia el que uno de los requisitos para ser juez sea tener la edad mínima a 21 años, cartas de recomendación de cinco vecinos así, como una carta de motivos donde explique el por qué quiere ser candidato al Poder Judicial, lo cual debilita el proceso de selección de perfiles preparados y con la experiencia suficiente.
Cómo ya se esperaba, el Grupo Parlamentario del PRI votó en contra de la reforma al Poder Judicial, ya que se perderán grandes juzgadores, y esta reforma está diseñada no para profesionistas, sino para personas populares y con suerte, por lo que representa un retroceso a la democracia, a la justicia y libertad.
La diputada priista Adriana Campos Huirache, destacó que dicha reforma representa un retroceso a la justicia, ya que se debilita el Estado de Derecho y se degradada la profesión de jurisconsulto. Efectivamente, se atropelló la dignidad de los Congresos Locales, en beneficio de un centralismo. Todo ello bajo la argucia de un supuesto mandato popular”, manifestó Adriana Campos.
Tiene razón, bastó que el Poder Judicial se negara a avalar los desatinos legislativos en que incurriera una mayoría para que desde Palacio Nacional se diera la orden de enfrentar a los juzgadores como si de enemigos se tratara.
Así que la ley será lo que el partido en el poder diga que sea; ningún particular podrá derrotar al gobierno en un litigio; la suma de la prisión preventiva oficiosa más la sumisión de los jueces dará como resultado cárceles atestadas; será degradada la profesión de jurisconsulto; quienes vestirán togas en sustitución de verdaderos juristas; ministerios públicos, defensorías de oficio y centros de reclusión permanecerán en el estado lamentable que actualmente guardan.
La reforma convertirá al Poder Judicial en un títere de intereses externos con un órgano disciplinario influenciado por los poderes fácticos.
