¿A dónde vamos?
- Con sistemas judicial, educativo y de salud destruidos, no hay opciones
Miguel A. Rocha Valencia
Sin poder asimilar lo que ocurre en México que en su momento más desgarrador con más de 200 mil asesinatos y 52 mil desaparecidos que hablan de la peor masacre en la historia de México, el actual gobierno nos lleva al desfiladero en todos sentidos, pues destruir el sistema judicial es acabar con equilibrio de poderes y deja en manos de una nueva mafia en el poder, mezcla de políticos y criminales, continuar con la depredación de los organismos autónomos y la democracia.
Y es que en ese avatar de acontecimientos donde se mezclan venganzas de un nuevo sistema de gobierno contra todo lo que fue creado antes porque desde su óptica todo está podrido y debe sustituirse por la voluntad de un pueblo imaginario pero que encarna la “elegida” convertida en moderno Visnú, es difícil atisbar hacia dónde nos llevan como país.
Como mexicanos, vemos con tristeza que la muestra del nuevo modelo se basa en contradicciones o mentiras que nos hablan de un país jaujiano aunque se registre el más alto índice de criminalidad y violencia, abandono de millones de mexicanos a su suerte en salud y en bienestar que se trocan por unos billetes que no los sacan de su miseria y sí los hunde en el más humillante y ofensivo de los conformismos cargándole la factura no a los gobernantes sino a la otra parte de la sociedad que se esfuerza y trabaja por construirse un mundo mejor y por cuya ambición son ofendidos, llamados aspiracionistas, odiados clasemedieros.
Rumbo hay, lo saben quienes viven en un palacio Virreinal y predican la pobreza franciscana y tienen como slogan “primero los pobres”, pero se reparten la riqueza, el poder y de distribuyen entre sí las franquicias de lo que sustituirá al modelo destruido. De ellos serán jueces, magistrados y ministros bajo el argumento de un mandato popular que deriva de un tercio de los electores.
Pero nosotros, los del pueblo que no es sabio, bueno o agradecido por las dádivas y nos atrevemos a pensar y disentir sentimos la angustia de cuál será el futuro de nuestro hijos y nietos ante la pérdida de oportunidades, la deprecación del trabajo profesional, la instauración de un sistema político y no de méritos y preparación para crecer y escalar posiciones es vergonzante.
Para qué estudiar, si al final las posiciones serán repartidas por sorteo; ya no será necesario prepararse, estudiar ni esforzarse, La alternativa será como ya lo saben muchos políticos chaqueteros, agacharse, rendir pleitesía a la nueva inquilina, dueña del Palacio del Zócalo de la Ciudad de México.
Una tómbola decide en manos de quien estará la justicia y la insaculación de la mayoría en el poder desde el Ejecutivo y el Legislativo dirá quienes sustituyen a los estudiosos del Derecho positivo para con ello salvaguardar las garantías de los mexicanos, al menos las básicas como los derechos humanos que de entrada también quedaron mutilados pues ya no tenemos derecho a aspirar a mejorar en la escala social y profesional para a cambio someternos a los dictados de un régimen que nos dirá lo que es mejor para nosotros a partir de la premisa de obediencia ciega al sistema.
Lo muestran los hechos, los números en educación donde las 216 instituciones superiores de instrucción, sufrieron un recorte de 277 mil millones de pesos, de los cuales 188 mil millones fueron destinados a becas de construyendo el futuro, que no es sino la compra de votos entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Con ello, se canceló el crecimiento de muchas de las instituciones públicas, contrajo su matrícula y se cancelaron programas incluyendo becas para quienes sí estudian y que no son necesariamente ricos o clasemedieros, ya que en un 72 por ciento son chavos de bajos recursos, que lo digan el IPN o la UNAM.
Hablan de un extraordinario sistema de salud, pero no le dan dinero como tampoco al plan para combatir al crimen, nos quedamos igual y a un Omar García lo dejan como mentiroso o iluso. Las masacres siguen y los culpables están en libertad, por ello es que de los más de 250 mil denuncias de delitos de alto impacto, el 987 por ciento se viste de impunidad, esa misma que ya es sello de la 4T y de la cual hace gala su nueva representante legal.
De ahí que las buenas intenciones son eso, pero las realidades otras, que como ya es característico serán desmentidas desde el púlpito presidencial.
