“Los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes no están a discusión ni a debate”, expuso Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de la Coordinación Política del Congreso del Estado, tras impulsar y votar a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo en Michoacán hasta antes de las 12 semanas de gestación.
Tras intensas jornadas de búsqueda de consensos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la 76 legislatura y previo a la votación que degoró y reformó diversos artículos del Código Penal del Estado, desde tribuna, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Morena expuso que una de las desigualdades más profundas y lacerantes entre hombres y mujeres tiene que ver, específicamente, con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que por supuesto es un tema delicado.
No obstante, puntualizó la especialista en políticas públicas con perspectiva de género, el planteamiento sobre la legalidad de la interrupción del embarazo tiene varias aristas que han sido consideradas a lo largo de más de 60 años de debates académicos, políticos, religiosos, morales y jurídicos, cuyas producciones intelectuales fueron la base de convenciones, congresos y reuniones internacionales que codificaron los instrumentos jurídicos para formalizar los derechos de las mujeres a una vida digna y libre de discriminación y violencia.
Argumentó que no se trata de una cuestión moral o religiosa, sino que está relacionada con “el derecho a las mujeres al libre desarrollo de su personalidad, de su individualidad, del diseño de su proyecto de vida y es un derecho que disfrutan los varones sin que nadie lo cuestione, al contrario, se da como un hecho y así debe ser”, pero también, continuó, de “un tema de salud pública, ya que si se criminaliza la acción de interrumpir el embarazo, si la ley explícitamente castiga a una mujer por decidir dar por terminado un embarazo, es obvio que se desencadena una serie de acciones indeseables: la clandestinidad en la búsqueda de los lugares menos propicios para practicar la interrupción, o peor aún, la puesta en práctica de los métodos más riesgosos para el procedimiento”.
Se calcula, sustentó la ex coordinadora de la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que en el estado, cada año, entre 25 y 30 mil mujeres interrumpen clandestinamente sus embarazos y en la última década, “registramos en Michoacán 395 muertes maternas, la mitad eran de mujeres jóvenes y, más alarmante, 1 de cada 10 eran niñas o adolescentes”.
Por fortuna, recordó, existen ya 14 estados donde la interrupción del embarazo es legal y en la Ciudad de México, se tiene el registro de 626 michoacanas que accedieron a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo entre 2007 y 2024, pero el resto tuvo que hacerlo, muy probablemente, en la clandestinidad, sobre todo, si no contaba con los medios económicos para hacer el traslado.
Concluyó Alanís Sámano que llegó la hora de poner a Michoacán en armonía con el mundo civilizado, “en el que las mujeres no podemos quedar rezagadas ni al margen del derecho a decidir libremente, sin coacción ni coerción, sobre nuestra individualidad, proyecto de vida y libre desarrollo de acuerdo con nuestra voluntad y deseos”.
