PODER PÚBLICO
José Cruz Delgado
El tema de los desplazados por la violencia es muy complejo, y es que habitantes de varias comunidades de la tierra caliente de Michoacán, como San Pedro Naranja son expulsados por grupos de hombres armados utilizando campañas para ser controladas por ellos, y llevan años sin poder regresar por miedo a encontrarse con los grupos armados, ex miembros de los Caballeros Templarios que todavía pelean la zona en la que se dedican, además de la minería ilegal y el tráfico de madera, a la extorsión, al cobro de piso y a la instalación de laboratorios para elaborar drogas sintéticas.
Todo esto lo saben las autoridades estatales y federales, sin embargo, se hacen los ciegos para no ver como el crimen organizado se apoderan de los recursos que pertenecen a la gente del lugar, pero peor aún, también la obligan a trabajar en minas o bosques con salarios miserables en un ambiente de esclavitud, ello lo saben también las autoridades locales, pero al parecer se coluden con los delincuentes.
Según un documento elaborado por la Coalición Pro-Defensa del Migrante, señala que los principales delitos por los que los desplazados se van de sus comunidades son extorsiones, asesinatos y secuestros. Sin embargo, no existe registro de quienes sólo se pueden mover dentro del mismo estado, como es el caso de quienes tuvieron que huir de la sierra para intentar buscar refugio en las comunidades más organizadas y más pegadas a la costa.
Cada vez es más complicado para los desplazados hacer frente al embate del crimen organizado, ya que en los últimos meses son más frecuentes y más violentas las agresiones en su contra, por lo que cada día aumenta el número de personas que dejan todo por huir de la violencia.
Familias de cinco localidades de Buenavista fueron desplazados de Tancítaro a causa de la violencia, señaló Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, al exponer que no tienen un número de personas que han padecido este tema o un padrón.
Para Ramírez Bedolla y Torres Piña y el segundo secretario de gobierno, así de fácil dicen que se está trabajando en el tema, pero así llevan años los habitantes de la Sierra-Nahua y los de tierra caliente, las mismas promesas y pura chingada, señalan.
Los ataques con drones explosivos contra la población se registran con más frecuencia en tierra caliente obligando a la población a escapar del fuego asesino, mientras Ramírez Bedolla dará este mes el tercer informe de labores en el Estadio Morelos ante la feligresía morenista con un costo aproximado de 30 millones de pesos, demostrando que la austeridad republicana le vale madres.
Pero en respuesta a las críticas por el evento ostentoso dijo que lo que pasa que los conservadores no se juntaban con el pueblo. Esa fue su estúpida respuesta.
LA MUERTE NO AVISA EN MICHOACÁN
Así de crudas las revelaciones de la gente de la costa y tierra caliente. En estos estos lugares los enfrentamientos entre grupos delictivos y dronazos cargados de explosivos, han obligado gente de diversas comunidades a abandonar sus viviendas, sin embargo, aunque esta semana sostuvo que este fin de semana disminuyeron los enfrentamientos entre los grupos criminales que se disputan la zona en la zona de Buenavista, la situación es tensa por la población no sabe a ciencia cierta cuántas horas durará la PAX NARCA.
Dice el secretario de gobierno que estuvo tranquilo, pero sigue latente la complicación de las alianzas que traen los grupos criminales y “vamos a estar atentos”, nuestro estado de fuerza va a permanecer en la zona. Miente, ese estado de fuerza es para presuntamente darles protección a los delincuentes.
En estos momentos, dijo, ante la situación que priva en la región, personal del DIF estatal y el Consejo Estatal de Población, se ha trasladado a Tancítaro con el fin de atender a los afectados.
DESPLAZADOS QUE LLEGARON APATZINGÁN NO QUIEREN REGRESAR
Otra mentira más del gobierno bedollista es que asegura que los desplazados que llegaron a Apatzingán por la violencia del crimen organizado, quieren regresar a sus hogares, siempre y cuando se les garantice la seguridad, algo que no sucede ni pasará mientras haya un gobernador como el que actualmente tiene Michoacán. La autoridad estatal miente, cuando asegura que que son alrededor de 200 familias conformadas desde dos hasta ocho o diez integrantes los que se encuentran en el albergue de la iglesia Presa del Rosario y que tuvieron que desplazarse por la disputa entre células delincuenciales, mientras que el padre Goyo tiene datos muy diferentes.
GOBIERNO PREFIERE ARMAR A LA GENTE QUE PERSEGUIR DELINCUENTES
Aunque le parezca Increíble, pero al fallido gobernador de Michoacán tan la vale madre la inseguridad que prefiere armar a la población a través a través de la figura de autogobierno para superar la crisis de inseguridad que ha trastocado la tranquilidad en la zona de la montaña de la comunidad El Coire, ubicada en la costa/sierra nahua.
El secretario de gobierno, Carlos Torres Piña y el inútil secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, así como otras autoridades federales, (en las que la población no (confía)dizque fue a atender y a escuchar las denuncias ciudadanas. Posiblemente hagan recorridos de vigilancia en las carreteras de la costa pero pocas veces se adentran a las comunidades a perseguir presuntos delincuentes por miedo a ser agredidos, o sea, desde la barrera ven los toros, mientras que se maten entre sí.
Mire usted, Torres Piña menciono que “hace unos meses” se había acordado instalar una Base de Operaciones Interinstitucionales, pero que por motivos de la estrategia emprendida por el Gobierno Federal de 100 días para abatir los índices delictivos, no se había podido concretar, pero indicó que se va a retomar esta iniciativa hablando con la Semar y Sedena para instalarla lo más pronto posible, (que para nada sirven) y mientras que los pueblos y su gente sigan siendo asediada por el crimen organizado.
Ello ha provocado que cientos de familias hayan tenido que desplazarse para huir de la violencia, mientras que el cínico funcionario señaló cínicamente ante la presencia de personas desplazadas de la comunidad indígena El Coire de la cabecera comunal y de otras rancherías serranas, que mientras estén fuera de sus casas tendrán atención inmediata y el respeto de todos los Derechos Humanos de su actual situación de víctimas de desplazamiento forzado.
Pero lo peor vino cuando les dijo que se trabaja para que retornen a sus localidades con seguridad, cuando más familias siguen desplazándose a otras ciudades y Estados Unidos para ir a buscar seguridad, mientras que los delincuentes se apoderan de lo poco que dejaron a su partida y convirtiendo a los poblados en carteles de guerra.
