Reforma Judicial: ¿Quién es realmente responsable de la impunidad?
Renato Consuegra
Este miércoles es casi probable que la mayoría del partido en el Gobierno y sus aliados en el Senado de la República logren derribar el último contrapeso a su gobierno y el Poder Judicial sume una grave derrota política y mediática, debido a que, como a otros contrapesos constitucionales e institucionales, les falló la comunicación con la parte más amplia de la sociedad, mediante la cual lograría equilibrar esa disputa de poder.
Desde la llamada Mañanera, el titular del Poder Ejecutivo repitió una vez más este sábado 7 de septiembre, como lo hizo desde febrero pasado, que el culpable de la impunidad es el Poder Judicial y que los opositores “están ahí, tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria”. El término “puerta giratoria” en el ámbito penal se utiliza para criticar un sistema en el que, debido a debilidades legales, corrupción, falta de recursos o de procesos adecuados, los acusados (incluso aquellos que han sido arrestados múltiples veces) logran salir en libertad, a menudo reincidiendo en conductas delictivas.
En medio del debate sobre la Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo con apoyo del Legislativo, surge una pregunta crucial: ¿es el Poder Judicial el verdadero responsable de la falta de castigo a los presuntos delincuentes? El gobierno apunta en esa dirección. Ha señalado con dureza al Poder Judicial como el principal responsable de la impunidad en nuestro país, sugiriendo que una reforma profunda es la solución para combatir la impunidad.
El Poder Judicial se quedó estupefacto ante las acusaciones y prácticamente nunca dijo, desde sus diferentes aparatos de comunicación, que este enfoque pasa por alto un aspecto fundamental del sistema de justicia que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos desconoce o confunde, ya que el aparato de justicia está dividido. Y que existe una gran y enorme responsabilidad del Ministerio Público, que forma parte del Poder Ejecutivo, en la recopilación y presentación de pruebas para que los jueces hagan el trabajo de castigar a los responsables de delitos.
El Poder Judicial, encargado de impartir justicia, no actúa en el vacío. Para que los jueces puedan emitir sentencias condenatorias, primero deben contar con pruebas sólidas y casos bien fundamentados. Aquí es donde entra en juego el Ministerio Público, cuya misión es investigar los delitos, reunir pruebas y presentarlas de manera clara y convincente ante el tribunal. Sin embargo, cuando este proceso falla, las consecuencias recaen injustamente sobre los jueces, salvo sus excepciones, que también las hay, más no son generalizadas.
El Ministerio Público tiene un rol crucial en el proceso penal, ya que es el responsable de garantizar que las pruebas se obtengan y se preserven de manera adecuada. Esto incluye seguir procedimientos rigurosos que aseguren la cadena de custodia de las evidencias, evitando así que sean cuestionadas o invalidadas en el juicio. Si el Ministerio Público incumple con su labor, los jueces se ven obligados a absolver a los acusados por falta de pruebas contundentes, lo que alimenta la percepción de impunidad.
Además, el Ministerio Público debe asegurarse de que el debido proceso se respete en todo momento. Esto implica que las investigaciones se realicen de manera imparcial y transparente, y que se respeten los derechos de los acusados. Cuando el debido proceso es violado, ya sea por detenciones arbitrarias o por la manipulación de pruebas, los jueces no tienen otra opción que desestimar los casos, independientemente de la culpabilidad del acusado.
Una decisión judicial que no se basa en criterios técnicos o en pruebas contundentes, sino en percepciones subjetivas o sin el debido respaldo probatorio, puede calificarse como una decisión arbitraria o una decisión discrecional. Mucho menos un juez puede tomar decisiones basadas en conjeturas o interpretaciones sin el respaldo adecuado de las pruebas presentadas, como muchas ocasiones se ha impulsado desde La Mañanera.
La Reforma Judicial que propone el Ejecutivo podría parecer, a primera vista, una medida necesaria para fortalecer la justicia en el país. No obstante, al centrarse únicamente en el Poder Judicial y omitir las deficiencias del Ministerio Público, esta reforma se convierte en una maniobra política para desviar la atención de las verdaderas causas de la impunidad. En lugar de reforzar la justicia, podría debilitar aún más al Poder Judicial, al hacerlo responsable de problemas que no están completamente bajo su control.
Es esencial entender que el Ministerio Público, como parte del Poder Ejecutivo, está directamente bajo la influencia de las políticas y recursos asignados por el gobierno. Si el Ejecutivo no proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la capacitación continua de los fiscales, no importa cuántas reformas se implementen en el Poder Judicial; el problema de la impunidad persistirá.
Por lo tanto, cuando se habla de la falta de castigo a los presuntos delincuentes, no se puede ignorar la responsabilidad que recae sobre el Ministerio Público y, por ende, sobre el Poder Ejecutivo. Un sistema de justicia eficaz no se logra simplemente reformando un solo componente, sino asegurando que todos los actores involucrados cumplan con su función. El Ministerio Público debe ser fortalecido, dotado de recursos suficientes y supervisado para garantizar que las pruebas que presenta sean irrefutables.
La ciudadanía debe ser consciente de que la solución a la impunidad no reside únicamente en las reformas judiciales, sino en la eficiencia y transparencia del Ministerio Público. La presión pública debe dirigirse no sólo al Poder Judicial, sino también al Ejecutivo, para que asuma su responsabilidad en la lucha contra el crimen. Después de todo, los jueces pueden dictar sentencias justas solo si tienen todas las herramientas necesarias, y estas herramientas provienen, en gran medida, del trabajo que realiza el Ministerio Público.
En conclusión, la Reforma Judicial promovida por el Ejecutivo es un intento de debilitar al Poder Judicial en lugar de fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Para que los jueces puedan castigar efectivamente a los delincuentes de cualquier tipo de delito –sea penal, administrativo o financiero–, es imperativo que el Ministerio Público cumpla con su deber de manera eficaz. La verdadera solución a la impunidad no está en desviar la responsabilidad, sino en garantizar que todos los componentes del sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, funcionen en armonía y con los recursos necesarios para cumplir su misión.
En conclusión, es imprescindible que la ciudadanía y los medios de comunicación comprendan que la lucha contra la impunidad no depende únicamente de los jueces. El Ministerio Público, como brazo del Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad mayor en la investigación y presentación de pruebas. Para que los jueces puedan castigar a los delincuentes, primero deben recibir un caso bien fundamentado, lo que recae directamente en el Ministerio Público. Exigir justicia implica también demandar un Ministerio Público eficiente, capaz y comprometido, que permita al Poder Judicial actuar con todos los elementos necesarios para emitir una sentencia justa.
