A 55 años de prisión fue sentenciado Miguel A., por el secuestro agravado de Paulo T., así como al pago de 337 mil 960.00 pesos, equivalente a 4 mil días de multa. Se le suspendieron sus derechos políticos y se le impuso el pago de la reparación del daño de manera integral en favor de las víctimas directas e indirectas, que será cuantificable en ejecución de sentencia. Se trata de hechos que ocurrieron el 1 de noviembre de 2019, en la Avenida Maruata de la colonia Santa Bárbara, de Uruapan.
Asimismo, en la causa penal 90/2018, una jueza de Lázaro Cárdenas impuso 20 años de prisión a Lucas P.F., por hechos constitutivos de los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad, acaecidos el 5 de abril de 2018 en la población de Maruata, en perjuicio de Luisa G.H. y Gregorio H.R, respectivamente.
Se le suspendieron sus derechos políticos y se determinó como pago de reparación del daño la suma de 447 mil 101.60 pesos, a favor de Gregorio H.R., así como el pago de daño moral que se pudiese haber causado a la diversa víctima Luisa G.H., cuantificable en ejecución de sentencia.
Por otro lado, dentro de la causa penal 197/2024, en audiencia oral se vinculó a proceso a José G.C.A., por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en agravio de 13 niños no identificados. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció el plazo máximo de 6 meses para la investigación complementaria.
Finalmente, una jueza penal vinculó a proceso a Joel S., le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenó un cierre de investigación de 2 meses, por el homicidio calificado de Eduardo M., Mario M. y Joe J., así como por tentativa de homicidio calificado de Héctor M.; los hechos fueron cometidos el 29 de agosto de 2016 en un restaurante ubicado en la carretera Zitácuaro-Huetamo, a la altura del lugar conocido como La Garita de la ciudad de Zitácuaro.
El Poder Judicial de Michoacán difunde la presente información por considerar que se trata de un asunto de interés público.