Entre 85 y 90 administraciones municipales ya se encuentran al corriente en el pago del Impuesto sobre la Nómina; sin embargo, aquellos gobiernos locales que no se regularicen, el próximo año no podrán acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).
Tras señalar lo anterior, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, refirió que hace casi dos años, en octubre de 2021, al iniciar la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, alrededor del 60 por ciento de los gobiernos municipales presentaba rezagos en el pago del Impuesto sobre la Nómina, situación en la que se ha trabajado arduamente con los alcaldes y los tesoreros con la intención de propiciar que se estén al corriente en dicha contribución.
Ante tesoreros municipales, convocados por la dependencia a través de la Subsecretaría de Ingresos y de la Dirección de Coordinación Fiscal, quienes se reunieron en Casa Michoacán, el responsable del manejo de los recursos públicos en la entidad, manifestó que si bien es cierto que en la actualidad los gobiernos locales que adeudan el citado impuesto no tienen acceso al Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), de acuerdo con las reglas de operación que lo rigen, el próximo año también aplicará el candado en el Faeispum.
En consecuencia, exhortó a los tesoreros de los gobiernos municipales a cumplir dicho requisito, ordenar las finanzas públicas de sus respectivas administraciones, actuar con transparencia y documentar correctamente todas las operaciones que realicen, con lo que rendirán buenas cuentas a la población y evitarán problemas posteriores en caso de que se lleven a cabo auditorías.
Luis Navarro advirtió que las participaciones a los municipios disminuyeron este año, de manera que si en 2022 la distribución fue del 20 por ciento, ahora en 2023 es de 5 por ciento, situación que necesariamente obliga a multiplicar y a presentar mayores resultados con menor cantidad de recursos. Es momento de ahorrar, evitar derroches y orientar el gasto público a los programas, a los servicios y a las obras que demanda la población michoacana, completó.
