Producto de la autorización del Consejo del Poder Judicial de Michoacán para crear en la institución un grupo de trabajo que planee, coordine e implemente el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), el magistrado presidente Jorge Reséndiz García tuvo una reunión con quienes conforman dicho grupo para delinear las acciones necesarias que este proceso requiere.
En su oportunidad, Reséndiz García agradeció la disponibilidad de quienes participan en el Comité para implementar dicha normatividad, la cual representa en un reto importante por los aspectos que deben contemplarse como la creación de un sistema de gestión, infraestructura tecnológica, la capacitación del personal, entre otros rubros.
Cabe recordar que el Código tiene como objetivo establecer disposiciones en materia civil y familiar en todo el país, a partir de la homologación de procedimientos, el uso de la oralidad y de las tecnologías de la información para garantizar una justicia equitativa y segura.
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo emitido, este grupo se integra por una consejera o consejero, magistrada o magistrado civil, jueza o juez en materia familiar, el titular del Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CEDETIC), así como una persona especialista con experiencia en procesos de calidad.
Para responder a lo mandatado en el Código, las acciones de implementación del Comité contemplan la creación de procedimientos administrativos ágiles y eficientes, la optimización de recursos, además de la agilización de los trámites, la implementación de los juicios orales, así como el acceso a la justicia a distancia, audiencias virtuales y juicios en línea.
En concreto, los principales productos que este grupo deberá generar son: un diagnóstico inicial de la situación actual y requerimientos, propuestas para la adecuación de normatividad y estándares técnicos internos, la propuesta del modelo de gestión operativa, lineamientos para la promoción, consulta y acceso de expedientes digitales para las personas que intervengan en un procedimiento en línea, así como una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la judicatura para que se establezca la integración y competencia de los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar el Código.
