Una reforma judicial que escuche a las víctimas
Lorena Cortés
En este país el acceso a la justicia es prácticamente nulo, de cara al bien jurídico más preciado que es el de la vida, el nivel de impunidad en México es de 93% (Impunidad Cero, 2022).
En una reforma judicial de fondo, uno de los muchos retos del sistema de justicia es revisar el amparo, si bien es un recurso legal de protección de los derechos humanos ante cualquier afectación derivada de la actuación de la autoridad, sin embargo, es muy común que se abuse de este recurso jurídico y que aprovechándose de la normatividad prevalecen prácticas cuya finalidad es alargar los procesos, o buscar algún beneficio para los imputados como el reducirles la sentencia condenatoria etc. según sea el caso en un entramado jurídico donde la corrupción se impone.
Recordemos el caso de Ana Luz una pequeña niña de apenas 11 años de edad, quien vivía en la comunidad de las Trojes en Pátzcuaro, sus padres salían a trabajar y la menor se quedaba regularmente en su casa. En el 2019 fue encontrada debajo de su cama brutalmente golpeada y con una herida punzo cortante en el cuello que le provocó la muerte. Su feminicida Isidro N; (su propio medio hermano) quien después de los hechos fue ubicado gracias a los familiares de la víctima y privado de la libertad por la fiscalía a través de la prisión preventiva justificada.
Pasaron 4 largos años para que un juez en marzo de esté año (2023) dictara sentencia condenatoria de 50 años, gracias a un amparo (después de una sentencia debidamente ejecutoriada – cosa juzgada) para mayo, aunque usted no lo crea, un magistrado le redujo la sentencia a la mitad, 25 años.
Ponderando la carga de la prueba fue tan clara en este caso como afirmar que “la tierra es un planeta”, pero para la conciencia del magistrado (a) que resolvió el amparo no fue suficiente, pues el feminicida logró la reducción de la pena, y probablemente salga antes de los 25 años gracias a algún beneficio.
Todo imputado tiene derecho a un debido proceso, sin embargo, de cara a la realidad las víctimas enfrentan un doloroso y largo camino entre la verdad histórica y la verdad procesal para obtener sólo un poco de justicia. Hay que resaltar que en la mayoría de los casos son los propios familiares de las víctimas las que recaban las pruebas y en el proceso pueden ser simplemente insuficientes para el juzgador.
De igual forma y pese a que el feminicida Diego Urik Manon Melgoza fue sentenciado tres años después de haber asesinado con inhumana saña a la joven Mtra. Yesica Villaseñor, a 50 años de prisión; después de decenas de audiencias donde el imputado tuvo acceso a un debido proceso y la oportunidad presentar sus pruebas, después de ser cosa juzgada se le otorgó al feminicida el pasado 16 de agosto, 45 días para que justifique el amparo que interpuso, a todas luces en una estrategia de su defensa para buscar que el magistrado le reduzca la sentencia.
En un país feminicida donde diariamente asesinan a once mujeres, urge una reforma judicial en México que vaya más allá de un populismo, la Ley de Amparo ocupa ser reformada para que los jueces puedan juzgar, en qué casos los amparos se tratan de estrategias legales que sólo pretenden entorpecer o demorar la impartición de justicia y que no exista un uso discrecional de ese recurso, sin vulnerar todos los tratados en materia de derechos humanos.
Toda vez que el Estado mexicano no les garantizó la vida y la seguridad a las víctimas, no les garantizó el acceso a la justicia pronta y expedita a través de un sistema de seguridad y justicia que las revictimiza, las víctimas son utilizadas con fines de lucro político y son las menos escuchadas e invisibilizadas.
