Horacio Erik Avilés Martínez*
Un ideal hasta ahora inalcanzado en el sistema educativo estatal ha sido establecer políticas públicas meritocráticas, transparentes y justas para que sean los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral quienes ocupen las plazas docentes de las escuelas públicas michoacanas, así como conformar los lineamientos una carrera para las maestras y maestros que les permita contar con las mejores condiciones para el ejercicio de su vocación en sus respectivos centros de trabajo, obtener formación continua pertinente para afrontar los retos profesionales que se encuentran en constante y compleja transformación, a la par que contar con procesos de oposición abiertos para alcanzar ascensos, de acuerdo con sus méritos logrados en el servicio.
El contraste entre aspiración y realidad es inmenso: abundan las recíprocas acusaciones de corrupción, de tráfico de plazas, la exigencia y el malestar de los grupos gremiales y sindicales, la polarización y politización del magisterio, la opacidad, vacíos legales, requisitos absurdos, sospecha de componendas entre grupos fácticos y funcionarios aunadas a la ausencia de un sistema de gestión electrónica del proceso vuelven aún más tortuoso el proceso, el cual culmina siendo prácticamente imposible de transparentarse, por todas las implicaciones que les conllevarían a las autoridades involucradas.
La situación es desesperante, ya que el ejecutivo estatal menciona que se acabó la venta de plazas, pero no se ha sabido que actúe en consecuencia para vincular a proceso a los responsables del abusivo saqueo al que durante décadas se ha sometido a la nómina educativa. ¿Quedarán impunes? Paralelamente, vemos a muchos políticos, integrantes de fracciones sindicales y gremiales dedicados de tiempo completo a actividades muy ajenas a la educación de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Sin embargo, cobran como si ejercieran el magisterio. Y cobran muy bien.
Así también se habla de que se entregaron ya 2 mil 400 plazas docentes durante los 20 meses de la actual administración estatal, cifra que, en buena medida tiene que ver con el compromiso presidencial de asignar plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, pero que merece trazabilidad y transparencia total, haciéndose necesario se evidencie en un micrositio del portal electrónico oficial de la SEE el nombre de los egresados de las escuelas normales durante el periodo citado, el de los inscritos en los procesos de ingreso, de los beneficiarios y la ubicación de los centros de trabajo asignados, respectivamente.
Desde su arranque de actividades en 2009, Mexicanos Primero Michoacán ha dado seguimiento especial a los procesos de ingreso y promoción docente, ya que estamos plenamente convencidos de que la excelencia de nuestro sistema educativo estatal nunca podrá exceder a la de sus docentes y directivos, principales garantes institucionales de los derechos a estar, a participar y a aprender de las generaciones en formación. Lamentablemente, a la fecha no hemos podido constatar la existencia de un solo proceso de ingreso o promoción que no haya resultado manchado por irregularidades de toda índole y magnitud.
En ocasiones, durante procesos específicos, como organización de la sociedad civil hemos incluso coadyuvado en la defensa jurídica de los derechos profesionales de los docentes participantes.
Una década después, a la fecha se siguen suscitando prácticas que parecieran diseñadas especialmente para disuadir a quienes participan por derecho propio en los procesos de promoción docente, desde su inicio hasta su conclusión, incluidas absurdas demoras en el pago de los nuevos salarios. En esta edición 2023, la promoción vertical estuvo plagada de casos de irregularidades que están viendo la luz.
La exclusión de profesores con plaza estatal por convocatoria, la ausencia de reporte del número real de vacancias por parte de los planteles, supervisiones, sectores y niveles educativos hacia la UESICAMM, la falta de respeto a requisitos estipulados en la convocatoria como no tener encargaturas de despacho para poder aspirar a la promoción vertical, la entrega de resultados sin explicación de por medio, entre muchas otras incidencias más campearon durante los últimos días de mayo, en los cuales se llevaron a cabo los eventos por vía virtual en la plataforma Zoom.
El evento denominado “público”, al ser convocado con horas de anticipación fue completamente cerrado, por invitación, a pesar de la presencia de funcionarios educativos, de la Secretaría de Contraloría, así como de representantes sindicales y gremiales, quienes nada objetaron ante la evidencia de la imposibilidad de ingresar para la ciudadanía en general a atestiguar los eventos.
Además de titubear y no tener claridad ni argumentos, la autoridad estatal, aparentando sincronía con la federal desconoció su propio proceso de asignación de claves directivas en todos los niveles, realizado en marzo pasado. El segundo intento, realizado la última semana de mayo, apenas al margen del periodo oficial de asignación de claves directivas y de supervisión se llevó a cabo. Hubo afectados, que ahora no lograron reasignar su clave y seguramente no quedarán cruzados de brazos ante las afectaciones a sus derechos.
En junio sobreviene el periodo de entrega de encargaturas, el período más crítico de disputa a ras de piso entre fracciones sindicales, personas a derecho propio, equipos políticos e intereses de funcionarios, campeando la impunidad para los centros de trabajo que no acepten al nuevo director o supervisor.
En suma, los abusos han afectado a cientos de trabajadores de la educación, quienes más allá de atestiguar la transgresión a sus legítimas aspiraciones, conocen una realidad que no se había develado ante sus ojos: las redes de corrupción y su modus operandi, cuyos integrantes no vacilan en amedrentar, intimidar, cooptar, pedir sobornos, falsificar documentación, mentir abiertamente, ignorar solicitudes de acceso a la información, coludirse con las autoridades fiscalizadoras, entre muchas otras maniobras.
Las quejas en medios de comunicación no se han hecho esperar. Como cada año, los trabajadores afectados comienzan a declarar, a dar su visión y a manifestar inconformidades, muchas veces compartiendo públicamente las evidencias de los actos indebidos de las autoridades.
Las acusaciones de colusión entre autoridades y fracciones sindicales ha sido una constante. Los actores gremiales no dejan de actuar al filo de la legalidad al publicar sus propias listas de prelación con carácter de “oficiales”, las cuales no solamente interpelan el discurso anticorrupción oficialista, sino ponen en entredicho la posesión de la rectoría educativa y exacerban las sospechas de tráfico de ascensos.
La táctica de los autores de las irregularidades es apostar a la desmemoria, …
