A través del funcionamiento de la justicia penal oral en todo el estado, las juezas y jueces de esta materia del Poder Judicial de Michoacán, contribuyen a dar mayor agilidad y transparencia a la resolución de asuntos, lo que a su vez propicia una mayor confianza ciudadana, respecto de la impartición de justicia.
En el primer cuatrimestre de 2023, el comportamiento del sistema penal acusatorio y oral refleja en los Centros de Justicia de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro, el registro de 1,188 causas penales ingresadas.
Entre los delitos más frecuentes en el número de causas iniciadas destacan el homicidio calificado, lesiones en razón de parentesco o relación, lesiones simples, abuso sexual de personas menores de 16 años, amenazas, narcomenudeo en posesión simple, robo de vehículo, robo calificado grave y violencia familiar; estadística judicial que implica a la institución el análisis para la toma de decisiones administrativas, a la par que hace visible la importancia de una respuesta efectiva por parte de las y los operadores jurídicos.
De enero a abril se llevaron a cabo 9,414 audiencias orales, de las cuales 7,120 correspondieron a la etapa de control y 2,294 a la de juicio oral; en el desarrollo de éstas, se hicieron efectivos los principios de publicidad, al permitir el ingreso y permanencia de la ciudadanía y medios de comunicación, así como el principio de inmediación, ya que las y los jueces presenciaron el ofrecimiento de pruebas y los argumentos de las partes.
En relación con los juicios orales, iniciaron 252 y se concluyeron 314, lo que evidencia un avance significativo en la implementación de la oralidad como mecanismo eficiente y transparente para resolver las controversias de esta naturaleza.
En el periodo en cuestión se logró la conclusión de 625 causas penales, de los cuales 138 fueron por emisión de sentencias condenatorias y 86 de tipo absolutoria, 83 por procedimiento abreviado y 318 por sobreseimiento.
El Poder Judicial de Michoacán trabaja de manera permanente en beneficio de la sociedad, garantizando el respeto de los derechos de las partes involucradas y promoviendo una justicia eficaz y cercana a la gente.