Amanda Bautista
En la raya y con apenas 25 votos de los que se necesitaban para tener la mayoría calificada, la 75 Legislatura aprobó la remoción del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien horas antes había logrado obtener una “suspensión provisional” de un juez de Distrito para que no se realizará la sesión extraordinaria donde se votó su cese, pero que cuerpos de seguridad del Congreso impidieron fuera entregada.
De manera misteriosa, las diputadas del PRI, Daniela de los Santos y Samantha Flores, así como la coordinadora de la bancada del PRD, Julieta Gallardo Mora y el ex perredista Víctor Manríquez González, no estuvieron en la votación, mientras que, de último momento, Felipe de Jesús Contreras Correa legislador tricolor, quien inicialmente había firmado con los 24 diputados para hacer la solicitud, reculó y votó en contra de esta decisión.
El plan que se venía fraguando desde meses atrás, se concretó este jueves en la noche, en donde el cuñado y compadre del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla ahora asumirá el despacho de la Auditoría Superior de Michoacán, se trata de Marco Antonio Bravo Pantoja, quien estará de manera provisional en este cargo, repitiendo la historia del auditor carnal que se vivió en el gobierno silvanista.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, en su artículo 13, la ausencia del Auditor Superior, será cubierta por el Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad, como encargado de despacho; ante la imposibilidad de este, por el Auditor Especial de Fiscalización Estatal o por el Auditor Especial de Fiscalización Municipal, en este caso recae en el cercano al Gobierno Estatal.
El primer golpe al órgano fiscalizador ocurrió en la aprobación del presupuesto para el Congreso del Estado en noviembre del 2022, donde se determinó eliminar la autonomía financiera del órgano fiscalizador, así como 23 votos a favor, 14 en contra y una abstención, la Unidad Programática fue hecha a un lado, se regresó a su estado anterior, con autonomía técnica y de gestión, pero no financiera.
A principios de año, la secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, Rocío Pineda Gochi, no ministró los recursos que le correspondían al organismo fiscalizador, lo que mantenía a los empleados sin el pago de sus quincenas.
El 27 de enero, se montó un operativo espectacular con la Guardia Civil, en el municipio de Lagunillas, en donde se ubicó presuntamente a tres escoltas que están asignados al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pero que finalmente el mismo auditor desmintió con pruebas y resultó que dicho lugar era del empresario y exdiputado, Valentín Rodríguez.
Durante los siguientes meses, se siguió una serie de señalamientos y comunicados enviados desde la estructura de Gobierno del Estado para diversos medios de comunicación, notas incluso redactadas desde la administración de Alfredo Ramírez Bedolla con ataques directos contra el auditor, mientras el líder estatal del partido de Morena, Juan Pablo Celis Silva se pronunciaba contra Aguirre Abellaneda, al igual que la diputada Seyra Alemán Sierra, recientemente señalada por presuntas irregularidades como servidora pública.
Dos semanas antes de su destitución de la ASM, trascendió que el diputado local, Marco Polo Aguirre Chávez, principal operador del gobierno michoacano reunió las firmas para concretar el documento que concluyó en la remoción del auditor, ya que por su naturaleza el juicio político constituía el camino más largo de meses, por las etapas que presupone.
Fue este miércoles 24 de mayo cuando en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta del documento para la remoción del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Un día antes, al estilo de la administración bedollista se envió un comunicado que fue replicado en diferentes versiones en los medios de comunicación, donde se anunciaba que se presentaría juicio político contra el auditor, mientras se replicaban notas de que parientes del auditor superior son socios en múltiples empresas y resultaron beneficiados con contratos que superaron los 258 millones de pesos, incluidos su hijo Miguel de Jesús Aguirre Orozco; Elsa Cecilia Tapia García, hija de Silvia Trinidad Tapia García, auditora especial de Fiscalización de la ASM, así como Francisco Javier Fajardo López y Mayra Orozco Santoyo.
Este miércoles 24 de enero se turnó el juicio político a la comisión de Gobernación del Congreso del Estado, así como la petición firmada por 24 de los 40 diputados, entre los que se encuentran Anabet Franco, María Fernanda Álvarez, María de la Luz Ramos, Roberto Reyes Cosari, Juan Carlos Barragán, Víctor Zurita, Fidel Calderón Torreblanca de Morena, Margarita Pérez y Ernesto Núñez del Verde, Fanny Arreola, Mónica Valdés, Oscar Escobar, Erendira Isauro, Marco Polo Aguirre, Baltazar Gaona, Mayela Salas de la Representación Parlamentaria.
También participaron Reyes Galindo Pedraza, Belinda Hurtado, Brenda Fraga del PT, Felipe Contreras y Daniela de los Santos del PRI, Cesar Enrique Palafox del PAN, son los que firmaron la solicitud.
En todo momento, la presidenta de la Comisión Inspectora, Guillermina Ríos Torres, expresó que este caso tenía un trasfondo político, moción apoyada por la diputada Adriana Hernández Iñiguez quienes salieron en defensa del auditor, que prácticamente estuvo solo durante este proceso, sin el respaldo de la dirigencia estatal del PRD.
El dictamen de esta petición fue hecho inmediatamente tras concluir la sesión y se abrió la convocatoria para nombrar a nuevo titular en esta área en el estado, que incluso presentó errores con fecha equivocada, “la presente convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el lunes 3 de junio de 2019, para dar inicio al periodo de registro de aspirantes contenido en la base Tercera de la presente convocatoria”.
El documento fue solo aprobado por tres de los cinco integrantes de la Comisión Inspectora, Seyra Alemán Sierra, Roberto Reyes Cosari, César Palafox, mismos que de acuerdo a la ASM tenían expedientes abiertos en este órgano.
Finalmente, este jueves, ya en sesión de las 20:00 horas con 11 votos en contra, fue aprobada en lo la solicitud de remoción del auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por “hechos de corrupción”.
Las y los diputados que votaron en contra fueron Andrea Villanueva Cano, Hugo Anaya, David Cortes Mendoza del PAN, Rocío Beamonte Romero, Luz María García García del PES, Jesús Hernández Peña, Adriana Hernández Iñiguez, Guillermina Ríos Torres, Felipe de Jesús Contreras Correa, Gloria Tapia Reyes del PRI y Guadalupe Díaz Chagolla del PRD.
Daniela de los Santos y Samantha Flores del PRI, Víctor Manuel Manríquez, Julieta Gallardo Mora del PRD, fueron los diputados ausentes.
Para “asegurar” que no se cayera una aprobación plagada de inconsistencias e irregularidades, la diputada Seyra Alemán Sierra presentó una adición al dictamen, anexando la denuncia interpuesta por la diputada ante la Fiscalía General del Estado, contra la legisladora, Guillermina Ríos Torres y el auditor superior de Michoacán a quienes acusó de dar datos reservados y difamar su persona, por no haber estado en la función pública desde el 2011.
El decreto fue publicado la misma noche del jueves en el Periódico Oficial de Michoacán en edición nocturna del jueves 25 de mayo, en número 396; estableciendo: “Se remueve de su cargo a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda a partir de la aprobación del presente Decreto, concluye sus funciones como titular de la Auditoría Superior de Michoacán”.
Mientras tanto patrullas blindaban esa misma noche la sede de la Auditoría Superior de Michoacán, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de Morelia.
