Con la finalidad de evitar una revictimización de las personas fallecidas, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal en Michoacán y castigar a quienes violenten la dignidad póstuma, con la difusión de imágenes o videos de personas que perdieron la vida.
Esta propuesta surge principalmente por la sobre explotación de material gráfico, utilizado en víctimas de feminicidio, lo que ha generado indignación en la sociedad, pues se ha utilizado con fines de lucro y provocó una ola de morbo que alimentó el círculo vicioso de la normalización de las violencias, en este caso de la violencia feminicida.
“Esta práctica debe terminar, pues no solo vuelve a violentar los derechos de la persona víctima de este tipo de delitos, y de las víctimas indirectas, que pueden ser amigos o familiares. Además, esta práctica, debe considerarse que promueve el morbo alrededor de la comisión de un delito, dado que en estos casos ayuda a normalizar la violencia y la brutalidad con la que se cometió el crimen”.
La propuesta pretende sancionar, de tres a cinco años de prisión, a la persona que cometa el delito de ataques a la dignidad póstuma de la persona, con la divulgación, publicación o comercialización de imágenes o videos de algún cadáver o parte del mismo. En el caso de que un servidor público integrante de alguna Institución de Seguridad Pública, Institución de Protección Civil o forme parte de los Grupos Voluntarios que prestan servicios en materia de protección civil, cometa esta falta, la pena se incrementará hasta en una mitad de la punibilidad de este delito.
“La erradicación de esta práctica solo se logrará normando y sancionando el uso indebido del material visual o audiovisual por parte de aquellas personas que tienen acceso directo a las escenas de los hechos donde se encuentra algún cadáver o parte del mismo y que, faltando a su deber y obligación de dar tratamiento digno, respetuoso y considerado, difunden, publican o lucran sin criterio imágenes sensibles imágenes de los cadáveres de las personas que, en muchos casos, son presumiblemente víctimas de hechos delictuosos”.
De esta manera, la dignidad póstuma requiere de compromiso del legislativo, para concretar los principios de justicia, así como el compromiso del Estado para restauración de los vínculos afectivos y sociales de las comunidades afectadas por la violencia.
