Con la finalidad de tipificar el delito de cohabitación forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad, el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, presentó ante el pleno legislativo, una iniciativa que pretende tipificar y sancionar la cohabitación forzada abarcando la figura del matrimonio y del concubinato como formas de relación permanente o la unión informal que sea equiparable al matrimonio.
El congresista petista, explicó que con esta acción pretende fortalecer el marco de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de personas que sean víctimas de estas prácticas, lo que permitirá garantizar su desarrollo psicosexual normal, además de precisar que los matrimonios forzados también son una expresión de la desigualdad, falta de acceso a la información y a la salud.
“La cohabitación forzada entre alguien que no alcanza a comprender por qué se le obliga a esa práctica es un fenómeno que se sigue dando, principalmente se da en agravio de mujeres que sufren por ejemplo de alguna discapacidad mental o física y que por su condición no puede resistirse a esa imposición que vulnera sus derechos fundamentales a vivir en un ambiente armónico y en ejercicio pleno de sus derechos. Otra situación similar es aquella en donde los padres o uno de ellos dan en pago de deudas a alguien de sus hijas o hijos, obligándoles a vivir en otro hogar o con alguien en contra de su voluntad e incluso haciendo vida marital sin su consentimiento, pero conscientes de que ha sido forzada o forzado a ello, orillándolos a un futuro incierto y a una situación constante de temor e incertidumbre”.
El representante del Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, explicó de forma puntual la esencia de la propuesta y aprovechó el uso de la voz para hacer un llamado a las autoridades a cumplir con lo estipulado en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, que prevé la instalación y mantenimiento de refugios para acoger a mujeres y sus hijos, sin embargo, la instalación y funcionamiento de estos refugios ha sido muy lenta, explicó que a veces las personas afectadas por este fenómeno, logran escapar, pero no saben a dónde acudir para estar a salvo y recibir la protección de las autoridades.
“La presente iniciativa tiene como objetivo sancionar y erradicar por siempre este tipo de conductas delictivas que pareciera que son del pasado y que ya no existen, pero que increíblemente han subsistido y que son poco visibilizadas. Pero cuando la persona logra sustraerse de esta práctica, se enfrenta a la incertidumbre de dónde podrá vivir, sin el temor de que nuevamente sea sustraída y obligada a cohabitar de manera forzada. La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, prevé la instalación y mantenimiento de refugios, sin embargo, la instalación y funcionamiento de estos refugios ha sido muy lenta, por lo hago un llamado a las instancias correspondientes para que den celeridad a su instalación y que estos refugios den protección también a quienes han sido víctimas de este delito”.
De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, 423 mil niñas fueron obligadas a casarse, 339 mil a través de un robo o intercambio. “En pocas palabras, se trata de personas, de tráfico humano, abuso sexual, secuestros disfrazados de matrimonios o equiparables, que suceden todos los días en este país a la vista de todos”.
