Orlando Daniel Hernández
El ministro ponente Javier Laynez admitió la demanda de Controversia Constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral interpuesta por el INE y suspendió por tiempo indefinido su aplicación.
Ante esta decisión del Poder Judicial que fue sometido a una severa presión mediática en los últimos días, el Instituto Nacional Electoral se mantendrá tal como venía operando hasta antes de de la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena, Verde y PT, en el Congreso de la Unión.
Mediante un comunicado difundido esta noche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que Javier Laynez Potisek, admitió el trámite sobre la controversia constitucional del INE contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a las demás leyes secundarias, por lo que otorgó una suspensión que vislumbra no procederá más todo lo que pretendía López Obrador en materia presupuestal y disminución de atribuciones al órgano electoral.
En el acuerdo el ministro solicitó a las autoridades demandadas qué presenten su contestación dentro del plazo legal.
La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio qué pueda modificarse.
En el documento se consiga entre otros párrafos, los siguientes:
“El Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, informó la Corte.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Asimismo, la Corte ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
