Sergio Cortés Eslava
Una jueza del Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM) impidió un acto de injusticia en contra de dos víctimas de violación; sin consultar con las víctimas, el asesor jurídico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Julio César M., habría acordado con el agente del Ministerio Público que lleva el caso y la parte acusada, recurrir a un juicio abreviado y acordar una sentencia mucho menor de la formulada originalmente al pasar de una pena de 204 años de prisión a sólo 20.
En la audiencia, la jueza de Control advirtió irregularidades y la madre de las dos menores, María de la Paz R., confirmó la sospecha de la jueza; en audiencia declaró que ella no había sido informada de lo que habían acordado los asesores victimales, tanto los de la CEEAV, como los de la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema DIF, con el agente del Ministerio Público (MP) y la defensa particular del imputado.
La audiencia tuvo lugar el pasado 21 de marzo, en la sala 15 del juzgado del distrito de Morelia, ubicada en las inmediaciones del Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, donde se iniciaría con un juicio abreviado por el caso de violación a dos menores de 13 y 11 años y que fueron víctimas de su padrastro, Luis Ángel T., quien permanece en prisión preventiva a la espera de sentencia.
María de la Paz, quien también es víctima indirecta, relató a este medio de comunicación, que le tomó por sorpresa el hecho de que su asesor victimal, Julio César M., le dijo pocos días antes de la audiencia, que habían acordado con el imputado y el MP optar por un juicio abreviado en lugar de un juicio oral, que tarda meses o a veces años en su desahogo.
En cambio, en el juicio abreviado, el padrastro de las menores, aceptaba los delitos que le son imputados, a cambio de que se le redujera la condena.
De acuerdo a la carpeta de investigación número 1003-2023-31770 de la Fiscalía General de Michoacán, Luis Ángel T., está acusado de cometer violencia equiparada, violación agravada y abuso sexual de personas menores de 18 años, actos que habría cometido en diferentes fechas, en contra de las hijas de su pareja, además de los agravantes de haber víctimas menores de 18 y 12 años, tener una relación de subordinación con las víctimas y específicamente por ser padrastro de ellas, según lo establece el Código Penal para el Estado de Michoacán en sus artículos 164, 167 y 168.
Por todos estos delitos la Fiscalía de Michoacán formuló una condena de 204 años de prisión y una multa de 6 mil 759 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). En cambio, el asesor victimal le informó a María de la Paz, que el acusado aceptaba los ilícitos y optaba por un juicio abreviado para evitar el juicio oral, y que ya se había llegado a un acuerdo.
“Desde que inicio el proceso no tuve contacto con el asesor jurídico, no sabía quién era, a pesar de que la denuncia inició en agosto del año pasado, días antes de esta audiencia me buscó y me dijo que habían acordado con el MP una condena de 20 años de prisión y una multa por 67 UMAS y que ya estaba acordado así con el MP y el imputado y la Juez sólo verificaría el acuerdo”, explicó la madre de las menores.
De acuerdo a la materia constitucional y otras leyes en la materia, de las o los jueces depende que no se violenten los derechos de la víctima u ofendidos ni del imputado; que toda actuación del Ministerio Público y del Defensor sea apegada a la legalidad. Vigilando en todo momento que se cumplan los preceptos legales y que no se violenten los derechos de las partes.
“El día de la audiencia la Jueza me preguntó si yo estaba de acuerdo con los términos propuestos en el juicio abreviado, a lo que yo le expliqué que el asesor jurídico no me había informado con más anticipación ni los alcances de esa decisión y que sólo me dijeron el acuerdo al que ellos habían llegado; en ese momento la jueza advirtió que había irregularidades y le llamó la atención al Agente del Ministerio Público y Asesor Jurídico por no estar “regateando” la justicia para mis hijas y no haberme informado de manera oportuna y clara de esta decisión, por lo que suspendió la audiencia, la reprogramó para mayo en tanto el asesor victimal, y los demás asesores, nos explican el alcance del juicio abreviado y porqué están proponiendo esa reducción de condena”, explicó María de la Paz.
La madre de las menores recriminó que a pesar de que de manera institucional se presume el respeto y defensa a las mujeres, en la práctica no se refleja, “incluso parece que se hace todo lo posible para fragmentar el acceso a la justicia”.
