Horacio Erik Avilés Martínez*
Ayer se cumplieron tres años del cierre de las escuelas en Michoacán de Ocampo. Es decir, del inicio del confinamiento como medida ante la pandemia por Covid-19 que asoló a nuestra entidad federativa. A la fecha, en materia educativa aún hay afectaciones no diagnosticadas, desatendidas y, mucho menos, resueltas. El ya de por sí complejo, rezagado y corrupto entorno en el cual las niñas, niños y jóvenes, juntamente con sus maestros y respectivas familias luchan cotidianamente por ejercer sus derechos a estar, aprender, convivir y participar en las escuelas se enrareció aún más, sin que a la fecha se hayan disipado los efectos del confinamiento, ni se haya medido el impacto recibido, ni mucho menos se hayan construido soluciones personalizadas al cúmulo de afectaciones que dificultan a los estudiantes lograr construir la mejor versión de sí mismos.
La opacidad del panorama está expresada por sus efectos en diferentes ámbitos, especialmente en cuestiones de acceso, permanencia, aprendizaje, condiciones socioeconómicas y salud socioemocional. Al respecto, la autoridad educativa, a tres años del confinamiento no ha podido realizar un diagnóstico, estudiante por estudiante, en cuanto a la situación socioemocional, el estado socioeconómico y los aprendizajes perdidos por la pandemia.
Sin contar con piezas de evidencia no es posible diseñar políticas públicas precisas, efectivas ni focalizadas a nivel individual que permitan revertir los daños generados por la pandemia en la formación integral de la niñez y juventud en Michoacán.
La generación actualmente en formación ha visto violentado su derecho a conocer su propio nivel de aprendizaje, a recibir canalización y atención inmediata para remediar problemas en materia de pérdida de aprendizajes, de situaciones socioemocionales y socioeconómicas, aun siendo incalculable el daño acumulado durante tres años en los cuales se han soslayado sus garantías individuales.
Desde el inicio del confinamiento, desde Mexicanos Primero Michoacán se hicieron planteamientos claros respecto al diagnóstico, desde el Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (CEPEE), organismo de gobernanza del cual formamos parte. Se propuso diseñar un estudio propio, para pilotearlo hace dos ciclos escolares y aplicarse gradualmente, para analizar colectivamente sus resultados. A la fecha ello no ha sucedido y el tiempo sigue pasando. Por la inacción investigativa, han pasado mil 095 días sin que se haya rendido cuentas a cada estudiante respecto a la situación que los envolvió y que, en muchos casos, les violentó sus derechos humanos.
Las afectaciones han ocurrido a 360 grados y en gran escala. Toda vez que, aunque las autoridades no han hecho el diagnóstico puntual, también es cierto que las cifras agregadas en materia de violencia familiar y cuestiones de trastornos, enfermedades mentales y suicidios se encuentran en sus máximos picos históricos, a la par que las cifras de abandono escolar, de migración y de carencias de toda índole.
En materia de aprendizajes se estima entre dos y tres ciclos escolares la pérdida, de acuerdo con estudios como Equidad y Regreso, que realizó Mexicanos Primero, siguiendo a la espera del diagnóstico individualizado que debe realizar la autoridad educativa, acción a la cual se comprometió en 2020 la autoridad educativa estatal, pero es momento en el cual aún no se presentan resultados al respecto.
Como otro ejemplo, en materia de infraestructura física educativa se habla de más de siete mil solicitudes de mejoramiento de escuelas, que pudieron y debieron ser acondicionadas durante la pandemia, cuando estaban vacías. Eso se discursó, pero en los hechos no pareciera haber sucedido. Más aun, las intervenciones en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física educativa no deberían de funcionar así, con base en lo extraordinario. Ahora es cuándo se deben establecer criterios, programas y mecanismos automatizados de recepción de necesidades en planteles para que inmediatamente se solucionen. Un ejemplo grave es lo acontecido en la región de Coahuayana en septiembre pasado, que a la fecha no tiene solución instrumentada.
En materia de conectividad de las escuelas michoacanas, a pesar de que se requirió la implementación de un modelo de aprendizaje híbrido, el cual volvía prácticamente indispensable el acceso universal a Internet, jamás ocurrió, reinando la simulación en torno a lo que se denominó Aprende en Casa. Es más, a la fecha, todavía las cifras son insuficientes, inaceptables socialmente. Hay mucho por hacer al respecto, pero parece que no existe un sentido de urgencia en torno a dotar de conectividad a la población más marginada, en donde, a decir de la propia autoridad, apenas hay un 50 por ciento de avance en conectividad, a pesar de los tres años de retraso.
En todo ello aparece un común denominador: la respuesta institucional solamente a petición de parte. Los apoyos no deberían de ser extraordinarios ni discrecionales, sino que deberían corresponder a políticas públicas con alcance universal, inmediato y pertinente para garantizar el derecho a aprender de la niñez y de la juventud en Michoacán.
Mientras tanto, preocupa que el principal destino de los recursos educativos, la nómina magisterial no haya terminado de ser saneada. A pesar de los esfuerzos por la tarjetización del pago salarial, aún hace falta mucho aún por ordenar la nómina educativa en la entidad.
Llama la atención la intención de las fracciones sindicales de seguirse reproduciendo, en aras de contar con centenares de comisionados por la fuerza, quienes se dedicarán a todo exceptuando a la educación. Es un negocio redondo. Es atractivo distraer personal para realizar funciones distintas a las que originariamente está estipulado. Pero no es correcto, es ilegal, es abusivo, es tramposo y lesiona los derechos humanos de la población que debería recibir los servicios de los empleados que no los atienden por estar resolviendo otras encomiendas.
Así, en Michoacán ha sido del dominio público que, con recursos públicos se contratan asistentes personales, servidumbre, amigos, incondicionales y hasta futbolistas para los equipos representativos de los sindicatos, en el sector salud y en el educativo. Impunemente, se contratan personajes sin perfil en instituciones educativas, por afinidad, por parentesco o conveniencia. Hay personajes que cuentan con denuncias ante órganos de control o la Fiscalía, sin que ello les implique entregar el cargo.
Por el costo de oportunidad que genera la falta de atención de las consecuencias de la pandemia es que destaca más la importancia de vigilar cuidadosamente el ejercicio del gasto en nómina. Tranquilamente, cada una de las fracciones disidentes de la CNTE puede llegar a rebasar el centenar de comisionados, los cuales en papel no lo son, porque tanto sus compañeros como el personal directivo de los planteles a los cuales supuestamente están adscritos los protegen, por conveniencia o por coerción, pudiendo estimarse en varias decenas de millones de pesos anuales que son desviados, evitando que los estudiantes cuenten con maestros en tiempo y forma para superar la situación que se complicó desde el arranque de la pandemia, con las consecuencias ya conocidas.
Peor aún, a pesar de encontrarnos en las circunstancias de rezago y de necesidad de inversión en materia educativa, en Michoacán nos hemos tropezado con la imposibilidad de generar rutas certeras para ejercer beneficencia y altruismo a través del sistema educativo estatal. Durante los últimos años ha sido compleja la ruta de incursión del sector privado en apoyo a proyectos de desarrollo educativo en Michoacán de Ocampo. Me refiero a la genuina, no a la que trae modelos de negocio disfrazados de filantropía.
Enfoquémonos en lo que sucede con aquellos esfuerzos bienintencionados que tangiblemente generan derrama económica y sus aportaciones contribuyen con infraestructura física en la entidad, con tendencia originaria a lograr mejorar las condiciones de aprendizaje de la niñez y de la juventud en la entidad. Empero, algo sucede, que no siempre esta clase de esfuerzos tienen final feliz, ni tampoco llegan a alcanzar sus nobles objetivos fundantes.
En Michoacán hemos atestiguado circunstancias similares: un empresario o grupo empresarial determina donar recursos para invertir en construir o dignificar escuelas, en mejorar infraestructura educativa o en pagar maestros. Lo cual sí se realiza. Acto seguido, los resultados se entregan a la Secretaría de Educación en el Estado. Se supone que con la misión común de apelar al interés superior de la niñez y juventud involucrada.
Sin embargo, mucho más rápido que tarde, por arte de magia, aparecen los gremios, facciones disidentes y sindicatos de trabajadores de la educación disputándose el control y rectoría de la institución educativa, inmovilizándola, asfixiándola, colonizándola, paralizándola.
Si son planteles, esta clase de instituciones de nueva construcción suelen ser materia de disputa encarnizada para colocar ahí a los incondicionales, a los distraídos de su función, a los expulsados de otras zonas, o a quienes compraron sus plazas y no se les ha colocado aún. Hasta con fecha retroactiva. Si son maestros adicionales, son defenestrados y perseguidos por los ya basificados y sindicalizados. Si son plazas de nueva creación, se buscará que sean ocupadas por los impuestos por los grupos sindicales.
Acto seguido, la reyerta llega a mayores y finalmente, el empresario o grupo empresarial terminan soltando el tema, asumiendo la pérdida y reorientan su filantropía hacia otros ámbitos. Podría mencionar varios de los casos históricos, pero el recientemente acontecido en la comunidad de El Testerazo, municipio de Tacámbaro es lastimoso por la inversión que se había realizado y las intenciones de que los habitantes de la localidad resultaran directamente beneficiados.
La falla institucional es la siguiente: no existe un protocolo de acompañamiento para los particulares que deseen realizar beneficencia en este ámbito. Que sirva la lección para diseñar políticas públicas al respecto, que se establezca normatividad al respecto, se asigne un responsable en la Secretaría de Educación en el Estado para brindar informes y acompañamiento, con la corresponsabilidad, desde la idea de mecenazgo hasta su plena operatividad, de mantener blindado el tema de intereses ajenos a los derechos de la niñez y juventud que potencialmente serán beneficiados con el acto altruista.
Mientras tanto, la beneficencia seguirá siendo alimento para los tentáculos de las cúpulas gremiales, en contubernio con quienes causalmente no han regulado su intervención.
En suma, toda esta problemática agrede y lastima por impedir el ejercicio pleno del derecho a aprender de la niñez y juventud en Michoacán. Es momento de alcanzar los objetivos del sistema educativo estatal: que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en las escuelas públicas de Michoacán de Ocampo, logrando culminar trayectorias completas y en tiempo y forma, para lograr ser la mejor versión de sí mismos.
Se debe pasar de un enfoque contingencial a uno previsor; de la reactividad a la planificación, de las soluciones coyunturales a las estructurales, de la discrecionalidad a la sistematización. Pero, ello implica construir diagnósticos basados en evidencias que permitan la implementación del ciclo de las políticas públicas y corregir la problemática arriba citada.
No se niegan los avances logrados hasta el momento, pero la educación estatal requiere de medidas de política pública por encima de acciones enfocadas a atender urgencias y focos rojos. ¡Que así sea!
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y Director Fundador de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
