La actualización de las leyes ante las nuevas condiciones que ofrecen los avances tecnológicos debe ser constante para detener la carrera de los delincuentes, que siempre encuentran resquicios para cometer sus fechorías aprovechando lagunas jurídicas, afirmó la diputada Margarita López, con relación a la reciente reforma aprobada para castigar a quienes simulan transferencias bancarias para el pago de vehículos automotores usados.
“Junto con otros compañeros integrantes de la LXXV Legislatura, consideramos importante presentar una iniciativa de reforma que agregara un artículo 205 TER al Código Penal para el Estado de Michoacán, de tal manera que se establezca como robo de vehículo de motor terrestre equiparado”, aseguró.
Puntualizó que el fenómeno no es reciente, tiene ya años sucediendo, anteriormente se daba a través de la expedición de cheques sin fondos, que regularmente atendía a compraventas realizadas los sábados o domingos, para que no se pudiera verificar la existencia de los recursos, en donde el vendedor confiado traspasaba la propiedad del vehículo, pero al ir al banco el lunes siguiente el cheque simplemente no tenía fondos; ahora, con desarrollo de las tecnologías de información y el internet, regularmente se presenta a través de transferencias bancarias simuladas o que después son canceladas debido a que no reconocen el pago.
La conducta se clasifica o se deja en el tipo penal de fraude o de abuso de confianza, dejando totalmente en la indefensión a la victima de tales hechos.
Muchos bancos permiten cancelar operaciones de transferencias bancarias digitales entre particulares, “puedes vender tu coche igualmente un sábado, que te paguen por transferencia bancaria, ver en tu cuenta el depósito reflejado, entregar el dominio y la posesión del mismo, pero el lunes que trates de sacar el dinero, la transferencia ya hubiera podido ser cancelada y tu vehículo legalmente robado, siendo difícil de recuperar”.
La legisladora agradeció finalmente que los diputados de la LXXV Legislatura hayan aprobado dicha iniciativa, que permite castigar este tipo de actividades ilícitas, con el mismo rigor que se aplica en el robo calificado.
