Con el propósito de brindar protección integral a niñas, niños y adolescentes, ampliando el alcance y garantía de sus derechos humanos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a diversos ordenamientos en la materia.
El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, concentra las propuestas que, en la materia, formularon los diputados Tere Mora, Yarabí Ávila, Brenda Fraga, Adriana Hernández, Ernesto Núñez, Baltazar Gaona, Octavio Ocampo y Adrián López, así como el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
En ese sentido, se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley de Adopción; de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia; Ley de Atención a Víctimas; Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familias; así como del Código Familiar y del Código Penal, todas del Estado de Michoacán.
Lo anterior con la finalidad de hacer más eficientes los procesos de adopción, estableciendo requisitos y plazos concretos; además de avalar la legalidad del acogimiento, como paso previo a la adopción.
Se establece además la posibilidad de que los abuelos puedan adoptar a sus nietos y se determina que la edad mínima para adoptar debe ser de 25 años.
También se amplían las atribuciones del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que emita un Protocolo específico para atender de manera oportuna y pertinente los posibles casos de violencia sexual, además de conformar una Comisión de Atención Inmediata, que les proporcione asesoría jurídica gratuita.
Asimismo, se prohíben los castigos corporales físicos o psicológicos a menores de edad, y se crea un tipo penal para sancionar al que exija para sí o para cualquier persona, parte o la totalidad del dinero que pertenezca a un menor de edad producto de cualquier actividad en lugares abiertos al público, calles o avenidas; además de establecer que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio, y se determina la prisión preventiva oficiosa en delitos sexuales cometidos contra menores.
Además contempla que la mujer embarazada tendrá derecho a recibir alimentos desde el momento de la concepción y a cargo del progenitor; y se garantiza el derecho de convivencia de los niños, niñas y adolescentes durante la emergencia sanitaria.
