Los niños y adolescentes en situación de calle son sujetos de derechos, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad para brindarles una protección reforzada, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, fue propuesta este miércoles por la diputada por el Distrito de Zacapu al Pleno Legislativo, en donde plantea un control y supervisión estatal permanente de los menores en situación de calle, para garantizar su derecho al desarrollo integral y bienestar.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del Estado, por lo que su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos.
“Todas estas medidas de seguridad y protección se deben enfatizar en Michoacán, pues no hace falta recordar la recomendación que La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió a diversas autoridades por violaciones graves cometidas en contra de 536 personas, entre ellas varios menores, que sufrieron agresiones físicas y psicológicas dentro de la casa hogar de Mamá Rosa en octubre de 2018, en Zamora”.
Mónica Valdez subrayó que las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar una estancia digna y segura de cuidado, debe garantizar que las personas menores de edad sean tratadas con el debido respeto a su dignidad, así como, para evitar maltrato, la capacitación del personal encargado de su cuidado.
Asimismo la legisladora agregó que otro riesgo de las niñas, niños y adolescentes en condición de calle, es que pueden fácilmente se cooptados por el crimen organizado.
“Las autoridades de Procuración de Justicia y las organizaciones de la sociedad civil, deben proyectar una ruta de trabajo transversal cuyo punto de partida sea la visión integral sobre la protección de los derechos de ese grupo etario, que permita dimensionar adecuadamente, desde un enfoque de derechos, la magnitud de los retos y los recursos jurídicos, materiales y humanos que son indispensables para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes”.
